La
trabajadora en condiciones de jubilarse y el nuevo alcance del derecho a la PBU
Por Aníbal Paz. Publicado el 13/08/21 en Leyes y Comentarios. Comercio y Justicia.-
El reciente Dec. 475/21 modifica los
requisitos de acceso a la Prestación
Básica Universal (PBU), lo
que trae
aparejadas consecuencias laborales. Días atrás en estas mismas páginas efectué
un primer y rápido análisis del referido decreto, al que remito brevitatis causae, y hoy me enfocaré en
la aplicación del Art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 [LCT], referido
a la intimación de la trabajadora que está en condiciones de jubilarse.
El Derecho a la PBU
está establecido en los Arts. 17 inc. a) y 19 de la Ley 24.241, al cual las mujeres acceden con 60 años de edad, los hombres con 65 años y en
ambos casos se requieren 30 años de servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad (servicios prestados en órbita nacional o provincial, en provincias que no han trasferido su régimen previsional, como las de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, etc.) En cuanto a los servicios requeridos pueden sumarse no sólo los servicios en relación de dependencia o como autónomo/monotributista efectivamente aportados, sino también los adquiridos a través las moratorias previsionales vigentes de leyes 24.476 y 26.970 (Esta última moratoria vence el 23/07/22). El referido art. 19 agrega: “Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes”.
El nuevo cómputo del
derecho a la PBU viene a ser introducido por el Dec. 475/21 que incorpora el
art. 22 bis a la Ley 24.241, permitiendo el reconocimiento de hijos y de tareas
de cuidado a los fines de que la mujer o persona gestante o adoptante tenga
mejor acceso a las prestaciones de la seguridad social.
Así, desde el 19/07/21 se permite
a la mujer o la persona gestante, al
solo fin de completar los requisitos mínimos para obtener el Derecho a la PBU:
· Computar 1 año de servicio por cada
hijo que haya nacido con vida.
· Computar 2 años de servicio por cada
hijo menor de edad que sea adoptado.
· Computar 1 año de servicio adicional
por cada hijo con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado
que sea menor de edad.
· Computar 2 años de servicio adicionales
por cada hijo que haya nacido con vida o haya sido adoptado que sea menor de
edad, en la medida que por este hijo haya accedido a la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social [AUH] por el período de, al menos, 12 meses
continuos o discontinuos.
De conformidad con lo señalado, se abren 8 casos de posibles de reconocimiento previsional para el
cómputo de la PBU: a) por cada hijo; b) por cada hijo discapacitado; c) por
cada hijo adoptado; d) por cada hijo por el que se perciba la AUH; e) por cada
hijo discapacitado adoptado; f) por cada hijo discapacitado por el que se
perciba la AUH; g) por cada hijo adoptado por el que se perciba la AUH; y h)
por cada hijo discapacitado adoptado por el que se perciba la AUH. Dependiendo del
caso puede llegar a reconocerse desde uno a cinco años por cada hijo.
Entonces, al modificarse la forma de computar el derecho a la
PBU, indirectamente se está modificando el alcance del Art. 252 de la Ley de
Contrato de Trabajo [LCT], que en
su parte pertinente dice: “A partir de
que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos
necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) (…) el empleador podrá intimarlo a que inicie
los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás
documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador
deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el
beneficio y por un plazo máximo de un (1) año. (…) Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará
extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad (…)”
En lo sucesivo los empleadores deberán asesorarse
convenientemente para evitar consecuencias indemnizatorias no deseadas, cuando se produzca la intimación, en los
términos del Art. 252 LCT, dirigida a la trabajadora que actualmente están
en edad de jubilarse. De lo expuesto surgen diversos escenarios, que
deberán ser contemplados, tanto por el empleador como por la trabajadora, en lo
inmediato:
Ø Trabajadora de 70 años de edad, que ya
tenía derecho a PBU antes del 19/07/21 y que aún no ha sido intimada.
Ø Trabajadora de 70 años de edad, que no
tenía derecho a PBU antes del 19/07/21 y lo adquiere desde esa fecha y aún no
ha sido intimada.
Ø Trabajadora de 70 años de edad,
intimada, que rechazó la intimación por no tener a la fecha de intimación el
derecho a PBU, pero lo adquiere desde el 19/07/21.
Ø Trabajadora de 70 años de edad,
intimada, que no rechazó la intimación pese a no tener derecho a PBU a la fecha
de intimación, y que aún no ha iniciado el trámite, sin tener vencido el plazo del Art. 252.
Ø Trabajadora de 70 años de edad,
intimada, que no rechazó la intimación pese a no tener derecho a PBU a la fecha
de intimación, y que ha iniciado el trámite con anterioridad al 19/07/21, sin
tener vencido el plazo del Art. 252.
Ø Trabajadora de 70 años de edad,
intimada, que no rechazó la intimación pese a no tener derecho a PBU a la fecha
de intimación, y que ha iniciado el trámite con posterioridad al 19/07/21, sin
tener vencido el plazo del Art. 252.
Ø Trabajadora de 70 años de edad,
intimada, que no rechazó la intimación pese a no tener derecho a PBU a la fecha
de intimación, y que ha iniciado el trámite con posterioridad al 19/07/21,
estando vencido el plazo del Art. 252.
Por último cabe referirse al Art. 3° del Dec. 475/21 que establece que:
“Los plazos de licencia por
maternidad y de estado de excedencia
establecidos por las leyes de alcance nacional y por los Convenios Colectivos de Trabajo [CCT]
respectivos se computarán
como tiempo de servicio solo a los efectos de acreditar el derecho a una
prestación previsional en todos los
regímenes previsionales administrados por la ANSES (…)”. En este punto el Art. 4 establece
una limitación el tiempo a computar por cada periodo de excedencia: no podrá
ser superior a 6 meses, que es el tiempo máximo previsto en el Art. 183 de la LCT. Aquella limitación resulta controversial: se
reconocen las licencias y los periodos de excedencia estipulados a través de CCT,
pero de manera contradictoria le impone un límite, ya que con ello se desconoce
el carácter eminentemente mejorativo y progresivo de los CCT.
En definitiva, el nuevo cómputo del derecho
a la PBU afecta una de las causales de extinción del contrato de trabajo.
Por un lado, se amplían los derechos de la trabajadora, en cuanto al acceso a
las prestaciones de la seguridad social, y por el otro se complejiza la situación
del empleador al momento de efectuar el correcto cómputo de la PBU, y por lo
tanto deberá extremar los recaudos necesarios para evitar consecuencias
indemnizatorias.
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