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jueves, 5 de diciembre de 2019

La cuantiosa pérdida de poder adquisitivo de los jubilados docentes y universitarios

La cuantiosa pérdida de poder adquisitivo de los jubilados docentes y universitarios
Confirmado el índice de movilidad jubilatoria general para diciembre en un 8.74%,  podemos asimismo confirmar que el sector de los docentes y docentes universitarios sufrió una enorme pérdida de poder adquisitivo, no solo en relación con la inflación, sino también para con el resto de los jubilados.
En efecto, de acuerdo a la última reforma previsional, mediante Ley 27.426, el índice de movilidad general se modificó para contemplar, trimestralmente, las variables de inflación en un 70% [IPC INDEC] y de salarios en un 30% [RIPTE]. Precisamente por contemplar en parte el aumento inflacionario las jubilaciones del régimen general perdieron menos contra la inflación que las jubilaciones docentes y universitarias.
Si bien es cierto que en el último bienio tanto activos como jubilados, de todos los sectores perdieron poder adquisitivo, conforme se  verá más abajo, los  sectores docentes y universitarios han llevado, decididamente la peor parte.


El índice de  Movilidad General  de Ley 27.426 ha arrojado los siguientes valores: mar/18: 5,71%; jun/18: 5,69%; sep/18: 6,68%; dic/18: 7,78%; mar/19: 11,83%; jun/19 10,74%; sep/19: 12,22% y dic/19: 8,74%. Todo ello hace un acumulado para 2018 de 28,46%,  para 2019 de 51,12%;  y para el bienio 2018-2019 de 94,13%.  Por este índice de movilidad se rigen los Jubilados por Régimen General de ley 24.241 lo que incluye al Personal No-Docente de Universidades Nacionales, y a los Docentes de Universidades Privadas. Pero también se encuentran incluidos los jubilados por el Régimen Especial de Investigadores y Científicos (Jubilados por Ley 22.929/Dec. 160/05).  Si consideramos que en la causa “Fernandez Pastor” -que está a punto de obtener fallo de la Corte Suprema- tanto las instancias inferiores como el Procurador General ya han determinado la inconstitucionalidad de la reforma previsional, y en consecuencia la inaplicabilidad de la misma para mar/18, advertimos que la diferencia con los jubilados docentes y universitarios será mayor. En efecto, para mar/18 el índice de movilidad de Ley 26.417 hubiera arrojado un 14,5%, lo que se traduciría por arrastre en un  acumulado para 2018 de 39,14%, y para el bienio 2018-2019 treparía al 102,73%.

Por contraste, el índice de Movilidad RIPDOC para Docentes Nacionales, que se abona semestralmente, arrojó los siguientes valores: mar/18: 11,65%; sep/18: 9,54%; mar/19: 25,62% y sep/19: 18,85%. Todo ello hace un acumulado para 2018 de 22,3%; para 2019 de 49,3%; y para el bienio 2018-2019 de 82,59%. Este índice de movilidad RIPDOC comprende a los jubilados por Dec.137/05 (Ley 24.016) e incluye a los docentes de nivel inicial, medio, secundario, terciario, superior no universitario, personal civil docente de las Fuerzas Armadas, docentes de educación especial, preuniversitarios, de frontera, de  zona muy desfavorable, y docentes provinciales de cajas transferidas o cuando sea ANSES la caja otorgante.
Por último y en idéntico sentido, los más perjudicados de todos son los jubilados que se rigen por el índice de Movilidad Docentes RIPDUN, que comprende a los Docentes Universitarios  jubilados por Ley 26.508, y que arrojó los siguientes valores: mar/18: 13,4%; sep/18: 7,38%; mar/19: 19,3% y sep/19: 8,6%.  Todo ello hace un acumulado para 2018 de 21,76%; para 2019 de 29,59%;  y para el bienio 2018-2019 de 57,76%.   Debe aclararse no todos que los Docentes Universitarios se rigen por RIPDUN. Aquellos que tienen prestación por simultaneidad de la ley 26508, en concurrencia con servicios comunes, cuando el haber parcial menor corresponde al régimen general, se rige la movilidad del haber integrado por el índice general de la Ley 27.426 (Cuando el haber parcial universitario es superior, el haber integrado se rige por RIPDUN). En tanto que si la simultaneidad se da entre dos leyes especiales, la movilidad de las prestaciones del haber integrado se corresponderá con la pauta aplicable al haber parcial mayor Es así que si la simultaneidad se da con el régimen de investigadores, se aplicará la movilidad general, como se ha visto arriba.

En definitiva, por índice de movilidad general en el bienio 2018/19 las jubilaciones aumentaron, por debajo de la inflación del mismo periodo, un 94,13%, o  un 102,73% según se considere o no la aplicación de la Ley 26.417 para mar/18. En tanto que en el bienio 2018/19 por RIPDOC y por RIPDUN las jubilaciones aumentaron 82,59% y 57,76%  respectivamente. Para referencia, según la última medición del INDEC, la inflación interanual calculada a octubre/19 fue del orden del 50,5% y el acumulado en lo que va del 2019 alcanza un 42,2% (con clara proyección para superar el 50%). Todo lo señalado  evidencia la enorme  pérdida de poder adquisitivo señalada al comienzo de este comentario.

Más allá de la necesaria recomposición del poder adquisitivo de todo el sector pasivo, resulta imprescindible que los sectores docentes y universitarios en cuestión recompongan primero los salarios de actividad ya que son los que dan la base para el cálculo de RIPDOC y RIPDUN.

Artículos Relacionados:




REGÍMENES JUBILATORIOS DOCENTES Y ESPECIALES

DOCENTES UNIVERSITARIOS - Régimen Especial Ley 26.508
INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS - Régimen Especial Dec. 160/05 [Ley 22.929]
INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS - BIS - - Régimen Especial Dec. 160/05 [Ley 22.929]
DOCENTES NIVEL INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO, TERCIARIO, PREUNIVERSITARIO, Etc.  - Régimen Especial Dec. 137/05 [Ley 24.016]
PENSIONES ESPECIALES – Regímenes especiales varios
DOCENTES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS – Régimen General de Ley 24.241
PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - Régimen General de Ley 24.241
MAGISTRADOS, DIPLOMÁTICOS, Trabajadores de LUZ y FUERZA- Regímenes Especiales de Leyes 24.108 y 22.731
- GUARDAPARQUES - Régimen especial de Ley 23.794


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jueves, 28 de noviembre de 2019

La tutela del Derecho Real de Propiedad Horizontal y de los Conjuntos Inmobiliarios _ Aníbal Paz _Semanario Jurídico

La tutela del Derecho Real de Propiedad Horizontal y de los Conjuntos Inmobiliarios
 Convocatoria judicial de Asamblea de Propietarios y Nulidad de Asamblea de Propietarios. Propuestas de reformas procesales para su tramitación 
 Por Aníbal Paz *
Publicado el 28/11/2019 en Semanario Jurídico N° 2.232 Tomo 120 Año 2019-B -  Comercio y Justicia Editores
 La práctica profesional nos desafía constantemente, en particular cuando enfrentamos normas novedosas. En este comentario analizaré dos acciones creadas en el  Código Civil y Comercial de la Nación [CCyCN], cuya realidad procesal dista de ser adecuada en el ámbito de la provincia de Córdoba.  En concreto me refiero a las Acciones de Convocatoria de Asamblea Judicial y de Nulidad de Asamblea de Consorcio, y su interacción con la Ley 10.543 de Mediación Obligatoria [LMO] y con el Código Procesal Civil y Comercial Ley 8.465 [CPCC].

En primer término debemos recordar que el viejo régimen de la propiedad horizontal quedó derogado expresamente con la sanción del CCyCN, que en su Art. 3 dispone: “Deróganse las siguientes normas: a) Las leyes Nros. (...) 13.512 (...)”. Numerosos reglamentos de copropiedad existentes, por haber sido redactados con anterioridad,  deben adecuar sus prescripciones a las nuevas reglas establecidas en el CCyCN, y de allí surgen numerosas dificultades de índole práctica y hermenéutica. La irrupción del nuevo régimen de PH produjo nuevos escenarios jurídicos que merecen la atención de doctrina y jurisprudencia, y que a la vez requieren, en la medida de lo posible, las adecuaciones normativas necesarias. Es así que en este comentario propondré algunas reformas que a mi entender son necesarias e ineludibles.

 La acción de Convocatoria Judicial de Asamblea de Propietarios
 La referida asamblea está regulada en  el  Art. 2.063 CCyCN, el que dice: Si el  administrador o el consejo de propietarios, en subsidio, omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el diez por ciento del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio.”

La acción de asamblea del Art. 2.063 sólo requiere la falta de convocatoria a la asamblea de propietarios, sea esta ordinaria o extraordinaria. La nueva acción difiere de la prevista en la antigua ley 13.512, ya que ésta, en su artículo 10 establecía que sólo era procedente la asamblea judicial en caso en que no se reuniese la mayoría reglamentaria para adoptar determinadas decisiones. En el nuevo Art. 2.063 en cambio, la falta de mayorías no es motivo suficiente para la convocatoria judicial de la asamblea, ya que para ese caso el Art. 2.060 CCyCN 2do párrafo es el que brinda la solución“(…) La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los quince días de notificados, excepto que éstos se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente (…)” . Es decir, cuando no está presente la mayoría de la totalidad de los propietarios, con la doble exigencia que se verá infra, la mayoría de los presentes sólo pueden hacer propuestas, que sólo serán consideradas aprobadas una vez notificados todos los propietarios ausentes, siempre y cuando no se opongan, dentro de lo 15 días contando para ello con la mayoría suficiente. La notificación a los propietarios ausentes resulta indispensable, ya que ello les permite bien ejercer su voto, oponiéndose a las propuestas de la mayoría de presentes, como se ha dicho, o bien plantear las acciones de nulidad a que refiero más abajo.

Debe remarcarse que en el viejo régimen existía una mayor autonomía de la voluntad en cuanto a la forma de computar las mayorías especiales, que eran las establecidas en el reglamento de copropiedad, en cambio, el 1er párrafo del citado Art. 2.060 establece que “Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto (…)” Es decir que, salvo las propias excepciones[1] que el CCyCN establece, todas las decisiones deben ser adoptadas por la mayoría absoluta de la totalidad de los propietarios, con la doble exigencia señalada[2].
En definitiva, la acción de convocatoria de asamblea judicial sólo procede cuando el administrador y/o el consejo de propietarios omiten convocar a las asambleas reglamentarias. En el caso que a la convocatoria asista un número de propietarios que no permitan conformar el quórum requerido para la adopción de decisiones válidas,  se aplicará la prevención del 2060 2° párrafo y será la mayoría de los presentes quienes pueden proponer decisiones al resto de los propietarios. Debe aclararse que, dependiendo el temario involucrado, tampoco procedería la asamblea judicial si ha existido autoconvocatoria  o decisión unánime de propietarios, conforme párrafos 2° y 3° del Art. 2.059 CCyCN. Existen otros supuestos, sobre los que volveré más adelante, que también admiten la convocatoria judicial de la asamblea de propietarios.

La acción de Nulidad de Asamblea  de Consorcio

A su turno el Art. 2.060 in fine del CCyCN reza: “(…) El derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha de la asamblea”.
 Si bien existen autores que se preguntan si en verdad estamos en presencia de un plazo de prescripción en lugar de uno de caducidad, yo participo de la posición que claramente distingue entre ambos conceptos. Por un lado tenemos la caducidad - lo que caduca en 30 días es el derecho (Art. 2.566.)- y por otro la prescripción - lo que prescribe es la acción (a los 2 años, según Art. 2.563). Pero en este caso nos encontramos con dificultades prácticas a la hora de ejercer el derecho dentro del plazo de caducidad, si es que el mismo no se traduce con la interposición de la acción, y de allí la confusión que puede presentarse. Ejercer el derecho dentro del plazo permitiría deducir la acción dentro del período genérico de 2 años de prescripción. Pero, como dije, se presentan dificultades en la forma de ejercer el derecho, las que se magnifican si lo decidido en la asamblea impugnada se pone en ejecución dentro del plazo de prescripción. Por todo ello es que el plazo de caducidad prácticamente se confunde con el de prescripción. La referida confusión, la dinámica consorcial y las dificultades prácticas señaladas aconsejan deducir la acción dentro del plazo de 30 días.
 La nulidad en este tipo de asambleas puede versar sobre muchas cuestiones. Son causales de nulidad:
·   el tratamiento de temas no incluidos en el temario. Dice el Art. 2.059 “Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día el que debe redactarse en forma precisa y completa; es nulo el tratamiento de otros temas (…)”. Resulta harto común el tratamiento de temas enmascarados o disimulados en el tema “varios”, lo que resulta inválido, toda vez que el temario debe redactarse en forma precisa y completa[3].
·    Deficiencias en la convocatoria, por no ser citados debidamente los propietarios, a través de medios fehacientes, o por no haber sido citados en la forma que establece el reglamento o no haber sido citados en domicilio  válido.
·    Nulidad por ausencia de elementos esenciales (fecha, lugar, firma, transcripción de orden del día, dictámenes o informes técnicos para determinadas obras, etc.) o en el desarrollo de la asamblea (no hay quorum, no se desarrolla en el la fecha hora y/o lugar indicado en la convocatoria, no se respeta la tolerancia entre convocatorias, etc.).
·    Vicios en las acreditaciones realizadas, en el cómputo del quórum y las mayorías
·   Nulidad en la validez de lo decidido (atentar contra el orden público, o ser decidido mediando error, dolo, violencia, fraude, simulación, lesión).
 · Están sujetas a control judicial las decisiones de asamblea que evidencien arbitrariedad o notoria injusticia
 La Ley 10.543 de Mediación Obligatoria de la Provincia de Córdoba
Una vez analizadas las acciones de que se trata, corresponde determinar si resulta adecuada su inclusión dentro del proceso de mediación prejurisdiccional que establece la LMO 10.543
 Con respecto a la acción de nulidad de la asamblea de propietarios, teniendo en miras el escaso plazo de 30 días  que prevé el Art. 2.060 in fine del CCyCN resulta recomendable la modificación del Art. 6 de la LMO a los fines de incorporar en el listado de materias excluidas de la mediación obligatoria a la acción de nulidad de asamblea de propietarios. 
Lo mencionado tiene sustento en el brevísimo plazo disponible para ejercer el derecho, y en su caso la acción, desde que el propietario toma conocimiento de la asamblea que pretende impugnar. Se entiende que dentro del plazo de 30 días corridos [4] el propietario agraviado debe intimar a la subsanación de la nulidad de que se trate, la cual sólo podría ser subsanada a través de una nueva asamblea, la que deberá ser convocada dentro de los plazos reglamentarios, [por lo general  de 7 a 15 días para la asamblea ordinaria y 3 a 5 días para asambleas extraordinarias]. No subsanada la nulidad, el propietario afectado deberá ejercer el derecho  dentro del plazo restante. Ya se han señalado las dificultades prácticas que puede acarrear el ejercicio el derecho, que podría consistir en una manifestación fehaciente dirigida al consorcio exteriorizando la voluntad de interponer la acción (la cual podría interponerse dentro de los 2 años de prescripción). Atento que el modo de ejercer el derecho podría ser cuestionado, y ante la posibilidad de la pérdida irremediable de la posibilidad de su ejercicio, y teniendo en cuenta la dinámica consorcial, es común que la interposición de la acción dentro del plazo de 30 días sea la única forma indisputable de ejercer el derecho dentro del plazo, máxime si se pretende conjurar el peligro de la ejecución de lo decidido en la asamblea que se impugna por nula.
De conformidad con lo expresado en el párrafo precedente, el plazo remanente sería tan escaso que no permitiría iniciar y agotar el proceso de mediación obligatoria sin que antes se venza el plazo de 30 días para accionar. En efecto en la práctica advertimos que los plazos de la etapa prejurisdiccional son laxos: una vez solicitada la mediación conforme Art. 8 de LMO, se procede al sorteo. El mediador sorteado debe aceptar el cargo dentro de los 3 días hábiles de ser notificado de su designación. El mediador elegido para integrar el equipo en tanto, tiene 2 días hábiles para aceptar su designación. Una vez firme la aceptación de las designaciones deberá citarse la primera reunión de mediación, dentro de los 10 días hábiles (Art. 17 LMO). Pueden sustanciarse una o varias reuniones, y el proceso concluye una vez se emite el acta de cierre que deja constancia que se ha concluido la etapa prejurisdiccional sin arribarse a acuerdo sobre el diferendo. Sabemos que todos los plazos precedentes son ordenatorios, y por lo tanto, normalmente ignorados, atento a la enorme carga de trabajo que lleva el Centro de Mediación. A ello debe sumarse la dificultad propia de todo proceso de notificación, lo que puede incluir largas demoras o reiteraciones. En pocas palabras, el mal endémico de la mora judicial, atribuible a múltiples factores sobre los que no viene al caso ahondar en este lugar, se encuentra presente también en la etapa prejurisdiccional
Todo lo referido precedentemente adquiere particular relevancia cuando advertimos que, según Art. 17 LMO "(...) A partir de la notificación de la fecha de la primera reunión se suspende el plazo de la prescripción de la acción contra todos los requeridos, conforme lo dispuesto por el artículo 2.542 del Código Civil y Comercial de la Nación, (...)". La norma no suspende el plazo de caducidad (véase Art. 2.567),  sino tan sólo el de prescripción.  Es decir que, luego del proceso de mediación obligatoria completo,  para el momento del inicio del juicio, habida cuenta lo señalado antes, el plazo de 30 días de caducidad ya habrá largamente  vencido.
Es en definitiva que llegamos a la única conclusión posible: no puede someterse a mediación obligatoria la acción de nulidad de asamblea de consorcio, atento al ínfimo plazo de prescripción establecido en la ley de fondo y las dificultades prácticas que supone el ejercicio de los derechos en juego en el escasísimo plazo que brinda el CCyCN. Es por ello que hemos visto que este tipo de acciones se inician de manera excepcional antes de iniciado el proceso de mediación, para evitar la caducidad de la acción, lo cual implica ciertamente un desgaste jurisdiccional innecesario y una carga adicional para las partes en litigio, en la eventualidad de un acuerdo. Ese derroche de tiempo y recursos humanos y materiales atenta contra la propia finalidad de la ley, y en contra de la propia naturaleza de la acción. Es el Legislador quien dispuso la celeridad en este tipo de acciones teniendo en miras la dinámica de la vida consorcial, ya que de otra manera podría haberse establecido un plazo más largo de caducidad, en concordancia con plazos similares establecidos en el propio CCyCN.
Por otra parte, en lo que hace a la acción de convocatoria judicial de asamblea de propietarios, adelanto que tampoco debe estar sujeta al proceso de mediación obligatoria previa.
La dinámica de la vida de todo consorcio exige una asamblea ordinaria anual, para rendición de cuentas y aprobación de balance y memoria, y una o varias de índole extraordinaria, a los fines de tratar la infinidad de vicisitudes que deben sortear los consorcios en la cotidianeidad. Pensemos por caso que si hay una omisión de convocatoria muy posiblemente estemos ante la inexistencia/ausencia y/o desidia del administrador y/o de los miembros del consejo de propietarios. O bien podemos encontrarnos ante problemas verdaderamente graves que imposibiliten las convocatorias, o ante algún tipo de defraudación del administrador aunado a la negligencia del consejo (por ejemplo no se confeccionan balances anuales). Es en estos casos en que es previsible que las convocatorias no se realicen por varios ejercicios consecutivos.
En esa inteligencia resulta probable encontrarse con la imposibilidad de reunir dos tercios del total de propietarios autoconvocados, y mucho menos la unanimidad. En esos casos cualquier conjunto de propietarios, en tanto representen el 10% del total, puede solicitar la convocatoria de asamblea judicial, en los términos ya señalados.
Partiendo de la hipótesis de un administrador inexistente/ausente/imposibilitado ( y que por ese motivo no se convoca la asamblea) y resultando la legitimada pasiva el consorcio, devendría de cumplimiento imposible la mediación obligatoria, ya que conforme al Art. 19 LMO "(...) Las personas jurídicas deben concurrir con asistencia letrada y participan por medio de sus representantes legales o autoridades estatutarias, con facultades suficientes para acordar, debiendo acreditar previamente la personería invocada (...)". Es decir, en la gran mayoría de los casos no habrá administrador y, por tanto, no habrá quien resulte legitimado para asistir a las reuniones de mediación en representación del consorcio.
En otro ejemplo, por caso un administrador que para ocultar sus malos manejos omita ex profeso  la convocatoria a las asambleas, nos encontraremos ante la situación que las  facultades suficientes para acordar las podría aprovechar con el sólo fin de eludir  sus responsabilidades, ya que al omitir el llamado a asambleas está incumpliendo sus obligaciones legales  (Art. 2.067 inc. a.). Más aún, podría incurrir en serio conflicto de intereses si es que pretende justificar su omisión, cuando para ello ha violado normativa expresa, lo  que lo a su vez implica la violación del deber de lealtad, probidad y buena fe que debe tener para con los propietarios, en su carácter de mandatario. En efecto, según el Art. 2.065 “El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario (...)” y como tal se le aplican las normas referidas al mandato, en particular la referida al conflicto de intereses (Art. 1325) y dado que ejerce facultades de representación se le aplican los Arts. 362,  372 y sus concordantes
La doctrina y jurisprudencia imperantes entienden que además resulta procedente la convocatoria judicial de asamblea de propietarios cuando han mediado causales graves, motivos de seguridad y/o posiciones irreductibles de los propietarios que hacen imposible el desarrollo normal y pacífico de la asamblea.
De acuerdo a los ejemplos señalados, y a otros tantos que pueden encontrarse en búsquedas jurisprudenciales,  es dable suponer que a la ausencia de una convocatoria pueden seguir otras, si es que los problemas que determinaron la falta de convocatoria persisten. En el lapso de un año, por ejemplo, pueden acumularse faltas de convocatorias a dos asambleas ordinarias, a los vencimientos de los respectivos ejercicios, y otras tantas y más de carácter extraordinario. Es por ello que, ante la necesidad del urgente tratamiento de cuestiones básicas de mantenimiento, seguridad, higiene y/o administración del consorcio resulta ineludible una convocatoria judicial sin mayores trámites, a los fines que o bien la mayoría de propietarios presentes o el propio magistrado tomen las decisiones impostergables que permitan el normal desenvolvimiento de la vida consorcial. Para ello resulta imprescindible evitar el dispendio judicial innecesario que en estos casos supondría un proceso de mediación previa obligatoria.
Desde otro ángulo, debemos considerar que el derecho de propiedad horizontal es un derecho real, y como tal, de orden público (Art. 1.884). Si bien no es este el lugar para profundizar en el tópico, ni sobre las diferentes bibliotecas existentes en torno a la definición y el alcance del concepto, podemos afirmar  que el orden público se encuentra integrado por normas imperativas, cuyo contenido y alcance resulta indisponible por las partes (Art. 386), quienes ven recortada la autonomía de la voluntad en razón de la gran relevancia política, económica, social e institucional de una determinada norma, en miras a la claridad y seguridad de las relaciones jurídicas.
Así las cosas, el Art. 6 LMO establece "Quedan excluidas del ámbito de la mediación previa y obligatoria las siguientes causas: (...) 18) En general, todas aquellas cuestiones en que se encuentra involucrado el orden público o que resultan indisponibles para los particulares". Entonces podemos afirmar, sin temor a equívoco que en las acciones de nulidad de asamblea de propietarios y de convocatoria de asamblea judicial de consorcio estamos ante una supuestos donde se encuentra involucrado el orden público, que versan sobre asuntos que resultan indisponibles para los particulares toda vez que aquellas acciones se encuentran reguladas en el Libro Cuarto, Título V, Capítulo 5 del CCyCN dentro de las prescripciones del derecho real de propiedad horizontal. En definitiva, por estar involucrado el orden público en esas acciones resultaría conveniente dejar expresamente aclarado en el Art. 6 LMO, que las mismas están excluidas del proceso de mediación.
            En fecha reciente, por caso, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba dictaminó en causa 8333060 ante un planteo de conexidad entre dos causas, una de ellas una acción de nulidad de asamblea de consorcio y otra una convocatoria judicial de asamblea, que la primera de ellas debía quedar eximida de la mediación obligatoria:“(…)En esas condiciones, siendo que las causas versan sobre las Asambleas del Consorcio de Propietarios y del derecho real de propiedad horizontal, que resulta del orden público e indisponible por las partes, habiendo fracasado el proceso de mediación en la acción ordinaria en los autos referidos, resultando ambos procesos vinculados, en virtud del principio de celeridad y economía procesal, a los fines de evitar una prolongación y un dispendio jurisdicción innecesario, este Ministerio estima que atento la conexidad antes invocada, cabría eximir la presente causa de la instancia previa de mediación, y proseguir el proceso a los fines a una resolución rápida y eficaz de los controversias interpuestas en autos (...)”. [5]
Para mayor abundamiento, las leyes de mediación nacional 26.589,  en su Art. 5 Inc. j) y 13.951 de la Provincia de  Buenos Aires, en su Art.  4 inc. 8), excluyen del proceso de mediación obligatoria previa a la convocatoria judicial de asamblea de propietarios. Cabe aclarar que por ser normas anteriores al CCyCN aún se refieren a la convocatoria judicial prevista en el Art. 10 de la vieja Ley 13.512. Pacíficamente se interpreta en consecuencia que la acción del Art. 2.063 se encuentra en dichas jurisdicciones excluida de la mediación obligatoria previa.
  La acción de convocatoria judicial de asamblea y el código procesal
Las acciones de nulidad, no caben dudas, tramitan por el procedimiento del juicio ordinario, de conformidad con lo que dispone el art. 417 del Código Procesal Civil y Comercial [CPCC].
Según la norma citada, se sustanciarán por el proceso ordinario todos aquellos  asuntos que no tengan asignado un procedimiento especial, lo que a falta de definiciones expresas coloca  a la convocatoria judicial de asamblea, por defecto, en el ámbito del proceso ordinario.  Pero a diferencia de la acción de nulidad de asamblea de propietarios, que requiere para su resolución un proceso de conocimiento amplio, en el que seguramente habrá contradictorios y prueba abundante a rendirse, en la convocatoria judicial de  asamblea de propietarios este marco probatorio amplio no resulta necesario, ya que lo único que debe acreditarse, en rigor de verdad, es la omisión de la convocatoria [o alguno de los otros supuestos ya mencionados].
Para mayor dato el mismo Art. 2.063, sin establecer la necesidad de sustanciarla a través de juicio sumario o abreviado, da pistas sobre la necesidad de resolución expedita de los planteos, para el normal desarrollo de la vida consorcial, atento a su dinámica cotidiana, conforme se ha expresado antes. En efecto, el Art. 2.063 establece que si la mayoría de los presentes no llega a ninguna decisión, decidirá el juez en forma sumarísima y además puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio.
De todo lo expresado en este apartado se advierte que el proceso más adecuado para la convocatoria judicial de asamblea de propietarios sea el procedimiento abreviado, conforme el Art. 418 CPCC.
 Las acciones de Nulidad y de Convocatoria judicial de Asamblea de propietarios en los Conjuntos Inmobiliarios
Los conjuntos inmobiliarios, según la definición brindada por el Art. 2.073, están constituidos por los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico incluidos aquellos que tengan usos  mixtos. El derecho real de los conjuntos inmobiliarios, si bien tiene algunas regulaciones específicas,  es en rigor un derecho de propiedad horizontal especial, que en todo lo no previsto expresamente se rige por las previsiones del CCyCN relativas al derecho de propiedad horizontal.
Por lo tanto, todo lo mencionado en este comentario, relativo a las acciones de que se trata, resulta de aplicación a los conjuntos inmobiliarios. En efecto, el Art.  2.075 expresa:  “(...) Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial (...)”.
No existe ninguna norma en el apartado de los conjuntos inmobiliarios referida a las asambleas, ni a las acciones de nulidad o su convocatoria judicial, y en esos aspectos debe estarse a lo previsto en el régimen de PH. Existen no obstante algunas particularidades que deben mencionarse. Por un lado algunos conjuntos pueden tener, por sus dimensiones y multiplicidad de usos,  subconsorcios y subasambleas, lo que generalmente no ocurre en edificios sujetos a PH. Por otro lado puede plantearse la nulidad de una sanción dispuesta por asamblea si ella no está tipificada en el instrumento constitutivo del conjunto inmobiliario (Art. 2.086).
 Propuesta de adecuación normativa
Por todo lo expresado, desde este lugar propongo como solución a las dificultades señaladas un ante proyecto de ley que disponga:
ARTÍCULO 1° — Incorporar al artículo 6 de la  Ley de Mediación Obligatoria N° 10.543 el inciso 19) que quedará redactado de la siguiente forma: “Exclusiones. Artículo 6º.- Quedan excluidas del ámbito de la mediación previa y obligatoria las siguientes causas: (...) 19) La acción de nulidad de asamblea de propietarios prevista en el Art. 2.060 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación  aprobado por Ley N° 26.994 (...)
ARTÍCULO 2° — Incorporar al artículo 6 de la Ley de Mediación Obligatoria N° 10.543 el inciso 20) que quedará redactado de la siguiente forma: “Exclusiones. Artículo 6º.- Quedan excluidas del ámbito de la mediación previa y obligatoria las siguientes causas: (...)  20) La acción de convocatoria judicial de asamblea de propietarios prevista en el Art. 2.063 del Código Civil y Comercial de la Nación  aprobado por Ley N° 26.994 (...)”
ARTÍCULO 3° — Incorporar al artículo 418 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, aprobado por Ley N° 8.465 el inciso 8) que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 418.- Se sustanciará por el trámite de juicio abreviado: (...) 8) La acción de convocatoria judicial de asamblea de propietarios prevista en el Art 2.063 del Código Civil y Comercial de la Nación  aprobado por Ley N° 26.994 (...)
De la manera señalada, las acciones que han sido objeto del presente comentario se verán facilitadas en su ejercicio, removiéndose los obstáculos procesales innecesarios que fueron detectados  en desempeño de la práctica profesional.
Notas:
* Abogado. MP CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed).
[1] La regla del cómputo de las mayorías del Art. 2.060, sobre la totalidad de los propietarios, con la doble exigencia de unidades y porcentual indiviso, tiene las excepciones que el propio Código establece: mayoría simple de presentes en la asamblea judicial (Art. 2.063),dos tercios de la totalidad de propietarios en las asambleas autoconvocadas (Art. 2.059, 2° párr.) y para la modificación del reglamento (Art. 2.057); mayoría que represente más de la mitad del valor, para la demolición, reparación o reconstrucción (Art. 2.055); unanimidad, para mejoras, obras nuevas o decisiones tomadas fuera de asamblea, o en asamblea fuera de temario (Arts. 2.044, 2.052, y  2.059, 3° párr.). Sobre las mayorías señaladas en el Art. 2.056 incs. ñ), o) y p) véase la nota siguiente.
[2] Existe controversia sobre el alcance de las prescripciones del Art. 2.056, incs. ñ), o) y p) del CCyCN, cotejándolas con el primer párrafo del Art. 2.060 y con el Art. 2.057. En los nuevos reglamentos de copropiedad -o en la adecuación de viejos reglamentos al nuevo código- podrían establecerse otras mayorías, que se entiende deberían ser agravadas, con relación a la pauta general de los referidos Arts. 2.060 y 2.057, de manera tal que el ordenamiento adquiera coherencia interna, de lo contrario estaríamos ante una contradicción ínsita, que no puede presuponerse en la voluntad del Legislador. 
[3] El tratamiento de temas fuera del temario, o de los temas enmascarados en un tema “varios” sólo resultará válido si la decisión es unánime, conforme Art. 2.059, 3er párr.
[4] Art. 6 del CCyCN: “(…) El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables (…)”
[5] Las circunstancias de hecho y de derecho fundantes de ambas causas en cuestión son idénticos, y resultan inescindibles entre sí, aunque por los imperativos rituales de la ley de fondo se prevean dos acciones de diferente denominación, esto es las acciones que son objeto del presente comentario y están previstas en los Arts. 2.060 in fine y 2.063 del CCyCN.



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Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)

Gabriela Zurita Donda Abogada Mat. Prof.: CAC 1-34458 (Cba) - CSJN T° 502 F°465 (Fed)

jueves, 7 de noviembre de 2019

La movilidad jubilatoria: ¿Otra vez la discusión de la fórmula?


La movilidad jubilatoria: ¿Otra vez la discusión de la fórmula?

Entrevista a Aníbal Paz. Publicada en Comercio y Justicia el 07/11/2019

Según el especialista Aníbal Paz, es posible que ello ocurra a partir de la asunción del próximo gobierno. Cualquiera sea la que se adopte, tendrá que abordar la compleja trama del sistema de seguridad social de manera integral desde todas sus aristas; de lo contrario, será nuevamente un parche coyuntural

“El escenario político ha puesto en el foco nuevamente al sistema de movilidad jubilatoria. Pese a que ha sido modificada en fecha relativamente reciente, en diciembre de 2017 mediante ley 27426, la movilidad jubilatoria aplicable al régimen general de ley 24241 sería revisada en cumplimiento de promesa de campaña de recomponer paulatinamente el poder adquisitivo del sector pasivo, largamente castigado”, señaló a Factor Aníbal Paz. abogado y especialista en derecho previsional.

¿Cómo se compone la fórmula actual? Hay rumores de que se volverá a la fórmula anterior. ¿Cómo sería esa situación?

La fórmula de movilidad actual se asienta -en 70%- en las variaciones del IPC y -en 30%- por el coeficiente que surja de la variación remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), y se abona de manera trimestral. A los fines de lograr el objetivo de recuperar el poder adquisitivo, en los últimos días se ha dado a correr información en el sentido de que se estaría analizando un regreso a la formula anterior de la ley 26.417, pagadera semestralmente, y que se asentaba 50% en la evolución de la recaudación de recursos tributarios con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y otro 50% en la evolución del Ripte.

En el curso de la semana, mientras dicha información circulaba, se dio a conocer el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en la causa “Fernández, Pastor Miguel Ángel c/Anses s/amparo”, mediante la cual se ratifica las conclusiones de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había declarado “inconstitucional el artículo 2 de la ley 27.426, en tanto pretende aplicar la nueva fórmula de movilidad a los haberes devengados entre el 1/7/2017 y el 29/12/2017 (fecha de entrada en vigencia de la ley).
“La inconstitucionalidad queda evidenciada en cuanto la norma pretende aplicarse a las consecuencias de una situación jurídica cuya existencia es anterior a la última fecha mencionada; es decir, entiende que la norma es retroactiva y, por lo tanto, no puede aplicarse para atrás en el tiempo” En otras palabras, se declara inconstitucional parcialmente la norma, sólo en cuanto a su aplicación retroactiva y no así en cuanto a su alegada confiscatoriedad. Es así que se determinó que la movilidad de la ley 27426 debe aplicarse a partir de junio/18, en lugar de marzo/18, y para éste último mensual debe aplicarse la última medición de movilidad según ley 26417, lo que muestra casi nueve puntos porcentuales de diferencia a favor del jubilado (14,5% contra 5,71%). La Sala entendió que, al momento de así decidir, la norma no había llegado a traspasar el límite que la tornaría en confiscatoria. (Con el trascurso del tiempo, y en función de la coyuntura económica esta fórmula si puede devenir confiscatoria). La Anses, por supuesto, apeló la medida y es ahora la Corte Suprema la que debe zanjar definitivamente la cuestión, y cuenta para ello con el referido dictamen de la PTN.

¿Cuál cree que fue en su momento el objetivo del cambio de fórmula?

La modificación persiguió en su momento el inconfesable fin de generar un ahorro fiscal, en detrimento del sector pasivo, objetivo que se vio truncado, al menos parcialmente, por la disparada inflacionaria: claro, la fórmula recoge 70% de la variación de la inflación. Es en este escenario donde se plantea una nueva reforma, ya que la anterior no sólo no generó el ahorro deseado -máxime cuando estamos en la víspera de un nuevo fallo histórico de la Corte Suprema en la materia- sino que tampoco mantuvo el poder adquisitivo de los jubilados.
Un fallo de la Corte sobre la materia no podría ser más oportuno, ya que brindaría la legitimidad jurídica necesaria para impulsar el cambio de fórmula. De todos modos, señalan algunos expertos en materia financiera que un retorno a la vieja fórmula – que también traía sus problemas- podría ser positivo a mediano plazo, aunque en el corto plazo podría ser hasta contraproducente, ya que podría evidenciarse nuevamente un problema en el “empalme”, entre la fórmula actual y la futura. Esto así por cuanto, si la inflación mengua en los próximos meses, la fórmula de movilidad actual a aplicarse en marzo/20 y/o junio/20 aún estará atada a la realidad inflacionaria de lo que va de 2019, es decir, se podrían pagar aumentos por encima de la inflación, lo que debería ser sostenido por emisión monetaria, la que a su turno tiende a potenciar la inflación. Estamos, como puede verse en una situación difícil, que no es nueva, ni será resuelta fácilmente.

¿Y qué pasaría con los regímenes especiales?

Cualquier modificación al régimen general de movilidad no soluciona la pérdida de poder adquisitivo de los regímenes especiales, que se rigen por índices diferentes. En efecto, en el último par de años tanto los activos como los pasivos han visto evolucionar sus ingresos por debajo de la inflación, con lo cual la pérdida se hizo muy evidente. Los regímenes especiales en cuestión, no alcanzados por la ley de movilidad 27.426 son los docentes universitarios de universidades nacionales de ley 26508 que se rigen por índice Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales (Ripdun) y los docentes del Dec. 137/05, que se rigen por el índice Remuneración Imponible Promedio Docente (Ripdoc). Podemos también sumar al índice de movilidad de Luz y Fuerza a este análisis. En concreto, para estos tres sectores, excluidos de la pauta de movilidad general, no será suficiente la modificación de la fórmula para que recuperen el poder adquisitivo perdido, sino que será necesario recomponer fuertemente el salario de actividad, para que éstos a su vez derramen en los jubilados de cada sector.

¿Qué cree que sucederá a partir de la asunción del nuevo gobierno?

A partir del 10 de diciembre nos veremos nuevamente inmersos en una irritante discusión política y financiera –y también mediática- sobre los pormenores de la próxima reforma previsional, que comenzaría por la fórmula de movilidad. La cuestión es cómo se modifica la formula y -en su caso- cómo se financia el impacto de ésta, sin afectar principios esenciales como la progresividad, la no confiscatoriedad, la irretroactividad, entre otros.
En función de ello se moverán las pasiones dentro y fuera del Congreso. Lo único que podemos anticipar es que cualquier nueva fórmula que no aborde la compleja trama del sistema de seguridad social de manera integral, y desde todas sus aristas, sería un nuevo parche coyuntural y en ese caso nos encontraremos muy probablemente con una nueva ley, que vendrá para solucionar algunos problemas, provocando a su vez otros tantos, que a su turno serán dirimidos en tribunales, retornándose eventualmente en algún momento de nuevo al punto de partida.

Exhortación

Es por ello que desde este lugar exijo que, de una vez por todas, la clase política encare cualquier reforma con esmerado y profundo estudio de la problemática, con dedicación y grandeza, para que, despojada de miserias y mezquindades, llegue a un amplio consenso sobre una fórmula de movilidad perdurable, ampliamente aceptable, que sortee el test de constitucionalidad y se pruebe sustentable, para que no sea necesario revisarla cada pocos años, con las dificultades que ello conlleva”, sentenció el profesional.

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·         Alcances de la Inconstitucionalidad de la Reforma Previsional. Por Aníbal Paz, publicado en Comercio y Justicia el 14/06/2018.
·       Alcances del fallo de la Corte sobre la Inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias [Fallo García María Isabel. Aníbal Paz, Comercio y Justicia, columna del 28/03/2019]
·       Informe: El impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones  es inconstitucional  [Fallo Fornari.  Aníbal Paz, Comercio y Justicia, columna de marzo/2017, actualizado a marzo/2019]


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