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viernes, 15 de diciembre de 2017

Entrevista a Aníbal Paz sobre Reforma Previsional en Canal Metro

Análisis de la Reforma Previsional.

Entrevista a Aníbal Paz en el programa Banda 3.0 Magazine por Canal METRO, realizada el 13/12/2017.



Aníbal Paz, Abogado Especialista en Derecho de la Seguridad Social





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viernes, 1 de diciembre de 2017

Análisis sobre reforma previsional

Reforma previsional: críticas a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria


Según el proyecto de reforma previsional la fórmula de movilidad jubilatoria -que pasará a ser trimestral- estará basada en el índice de inflación, pero con un “plus” de tal manera que las jubilaciones no sólo mantengan sino también recuperen algo de poder adquisitivo.
El plus de movilidad estará atado a un porcentaje sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que implica que razonablemente ese plus será muy exiguo si la economía crece menos de cinco por ciento interanualmente.
La formula actualmente vigente se basa en varios parámetros y aparece como superior a la nueva formula, ya que salvo en 2014 y 2016 siempre estuvo por encima de la inflación.

Observaciones
A esta nueva fórmula se le pueden realizar las siguientes críticas:
a) Impedirá en lo sucesivo recuperar capacidad adquisitiva a los jubilados, quienes solo deberán contentarse con mantener el actual nivel de vida. El plus a otorgarse sólo podría ser significativo en aquellos períodos en que la economía creciese a “tasas chinas”, lo que se avizora como altamente improbable, al menos en el corto y mediano plazo.
b) Al pretender aplicarse a partir de marzo del año 2018, el Estado se estaría “ahorrando” el aumento devengado por la fórmula actual para dicho período (algunas estimaciones afirman que la movilidad actual debería ser de 12% para marzo/18, y sería reemplazada por esta formula nueva para llegar a un cinco por ciento, lo que implica un claro ahorro de alrededor de siete puntos porcentuales.
c) La situación señalada en el inciso precedente podría recibir la tacha de inconstitucionalidad.
d) El Estado, al incluir un plus sobre movilidad, pretendería “blindar” la reforma ante eventuales planteos judiciales, por cuanto se estaría respetando la garantía de movilidad de las jubilaciones (Art. 14 bis Constitución Nacional), en tanto que ésta no indica de cuánto debe ser dicha movilidad.
e) Siendo que las remuneraciones que se tienen en cuenta para calcular el haber inicial de una jubilación actualmente se basan en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es un índice salarial, el índice de movilidad jubilatoria basado en la inflación generaría una incoherencia en el sistema.

f) Los índices de movilidad especiales vigentes, referidos al salario ¿quedarán derogados? Nada se dice al respecto y los eventuales cambios normativos aún no están contenidos en normas concretas.
Por lo pronto cabe recordar que existen índices de movilidad especiales: “Remuneración Imponible promedio de los docentes universitarios nacionales” (Ripdun), “Remuneración Imponible Promedio Docente” (Ripdoc), Luz y Fuerza, que están basados en la evolución salarial. Todo indica que estos índices serán reemplazados por la fórmula general.

Actualización: movilidad, cambio de fórmula. Dictamen de comisión del Senado
A raíz de las criticas mencionadas en el apartado anterior, el Dictamen de las Comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado de la Nación emitieron un despacho que modifica el Art. 1° del proyecto de ley en cuestión.
Mediante de dicho cambio se efectivizará una mejora en el porcentaje de aumento a otorgar a los jubilados a partir de marzo/2018, esto es, si se aprueba la ley en primer término.
La modificación consiste en que el cálculo de las movilidades a otorgar, se realizará con base en un criterio mixto, que involucra evolución salarial e inflación, a diferencia del criterio original que incluía sólo esta última.
En definitiva, se calculará 70% en función del incremento de precios Índice de Precios de Consumo (IPC, Indec), y 30% de conformidad con evolución del Ripte.
Si bien de conformidad a los cálculos preliminares esta formula sería superior a la planificada en el texto original del proyecto, la mejora no sería para nada significativa.
Algunas estimaciones hablan de 5,7% en lugar de 5,2% para la movilidad de marzo del año 2018.
Esta “corrección” de la fórmula deja subsistentes los planteos por la irretroactividad de ésta, habida cuenta de que se la pretende aplicar para marzo del próximo año, cuando ya estarían devengados los aumentos según la fórmula actualmente vigentes.


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jueves, 23 de noviembre de 2017

Entrevistas sobre: Reforma Previsional, Reparación Histórica, Regímenes especiales - Docentes

Aportantes a regímenes especiales deberán estar atentos a los cambios
Aníbal Paz, abogado especialista en seguridad social, señaló que deberá cuidarse que ni el texto definitivo de la ley ni la futura reglamentación atenten contra derechos adquiridos, ni que se desnaturalicen garantías constitucionales. Caso contrario -enfatizó-, se estará nuevamente ante un escenario litigioso
El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Senado de la Nación contempla cambios en diversos aspectos, tales como la eliminación de base imponible máxima, la reducción contribución patronal, el cambio de la fórmula de movilidad y la suba en la edad jubilatoria optativa tanto para hombres como para mujeres, entre otros aspectos.
Factor dialogó con Aníbal Paz, quien señaló: “Como toda reforma importante, una vez promulgada la ley, habrá que estarse a lo que se reglamente oportunamente”
A su vez, el profesional aclaró que no son sinónimos el Régimen Jubilatorio “Especial”, el “Diferencial” y el “Privilegiado”, toda vez que tienen diversas razones de ser (ver edición Factor del 2/11/17, pág. 7A).
El régimen especial, concretamente, ¿qué características tiene y a quienes comprende?
-Los regímenes especiales permiten mejores condiciones en el cómputo del haber inicial y menores requisitos de edad/servicio a quienes se desempeñan en tareas que el Estado ha considerado relevantes para la sociedad. Entre ellos podemos señalar a docentes de nivel primario, secundario, terciario, preuniversitarios, personal civil docente de Fuerzas Armadas (Dec. 137/05), universitarios (ley 26508), investigadores y científicos (Dec. 160/05), magistrados (ley 24018) y diplomáticos (22731). Estos regímenes son los que otorgan el famoso 82% móvil, que en algunos supuestos -como el de los investigadores- llega a 85% móvil. En algunos de éstos, existen índices de movilidad propios, diferentes de la movilidad general de la ley 26417, tal es el caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales (Ripdun), para jubilados por ley 26508, y el de Remuneración Imponible Promedio Docente (Ripdoc) para jubilados según Dec. 137/05. Todos estos regímenes están excluidos de la reparación histórica de la ley 27260.
Según el proyecto, ¿están en riesgo los regímenes especiales?
Según el texto literal de las normas analizadas, estarían al margen de las reformas, pero no así en cuanto a las declaraciones hechas públicas por funcionarios de las que se han hecho eco todos los medios de comunicación. En pocas palabras, se entiende que habría una voluntad política de acabar con las jubilaciones especiales docentes, aunque ello nos se ha traducido aun en normas especificas toda vez que -en sentido técnico- los regímenes que se mencionan para ser erradicados son los privilegiados. Por lo expresado, el sector docente debe estar alerta, por cuanto podrían perderse regímenes especiales cuya obtención llevo largos años de dura lucha y esfuerzo, y en tanto que el fundamento que les ha dado su origen es que se trata de actividades que en sí mismas son de gran relevancia para la sociedad en su conjunto.
Sobre estos regímenes especiales, en momentos en que se cuestiona ampliamente el accionar de la Justicia en general, tiende a verse el régimen especial de magistrados como privilegiado, lo que lleva a la confusión técnica y terminológica señalada, máxime cuando se analizan las exuberantes remuneraciones del sector y las exenciones impositivas de las que gozan.
Similares apreciaciones se vierten sobre el régimen de los diplomáticos, sobre todo cuando nos referimos a la planta que no es de carrera, sino a los políticos que han encontrado refugio en el servicio exterior.
Su origen y fundamentación ameritaría su continuidad, ya que su impacto es menor y la tarea muy relevante, aunque deba darse en otros ámbitos una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la Justicia como servicio y el rol y el accionar de los magistrados, funcionarios y diplomáticos, así como sobre sus beneficios impositivos y aduaneros.
Usted indica que el sector docente debe estar alerta frente a la reforma, ¿podría explayarse sobre este tema?
Sí, el proyecto que ya está en la Cámara de Senadores implica que -en principio- los empleados públicos están fuera de esta reforma, en cuanto a edad jubilatoria y edad para ser intimados a jubilarse.
Pero en realidad no se aclara si todo el sector público incluye a la administración pública centralizada, descentralizada, de empresas estatales y de universidades autónomas. Entiendo que la precisión vendría de la mano de la reglamentación, la cual deberá aclarar, por ejemplo, si las universidades nacionales quedan -o no- comprendidas, por cuanto son autónomas y no forman parte del Estado nacional, ni de la administración centralizada ni descentralizada de éste.
De quedar incluidos en la reforma, ello incidiría en la autonomía universitaria, en los estatutos universitarios y en otras cuestiones. Por otro lado, si se derogasen los regímenes especiales, los docentes del sector público quedarían al margen de esta reforma, en cuanto a edad jubilatoria y edad para ser intimados a jubilarse, no así los del sector privado.
De todas maneras, deberá esperarse también para ver qué sucede con los regímenes especiales docentes.
Se está planificando directamente eliminar jubilaciones de privilegio, pero se incluyen dentro de éstas a jubilaciones diferenciales y especiales. Asimismo, no se ha precisado aún qué sucederá con índices de movilidad para jubilados docentes (Ripdun – Ripdoc).
La fórmula nueva que contempla el proyecto de reforma está basada en la inflación. La vieja, el Ripdun y el Ripdoc están basados en salarios. En principio, la formula nueva es para jubilados generales y no para jubilados docentes, pero podría extenderse a docentes.
Otra cuestión a considerar es si ya se aplica la nueva fórmula a quienes se jubilaron por leyes docentes con anterioridad; ello podría traer aparejados reproches por vulnerar garantías constitucionales.
Si se avanzase contra los regímenes especiales docentes, éstos podrían sufrir alteraciones, al requerir:
a) mayor edad;
b) mayores aportes personales y/o contribuciones patronales (actualmente es de 13%);
c) más cantidad de años de servicios;
d) o al bajar o eliminar la tasa de sustitución ( 82% móvil)

Reparación histórica: ¿éxito rotundo o decepción?


jueves, 9 de noviembre de 2017

'El derecho previsional en las Universidades Nacionales - Regímenes jubilatorios para personal docente y no docente de las UUNN'

CAPACITACIÓN  - EL DERECHO PREVISIONAL EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES - PERSPECTIVAS ANTE REFORMA DE RÉGIMEN JUBILATORIO


El Dr. Aníbal Paz disertará el día 15/11  sobre 'El derecho previsional en las Universidades Nacionales - Regímenes jubilatorios para personal docente y no docente de las UUNN' en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral [UNPA], de manera presencial desde la Unidad Académica Caleta Olivia [UACO] y por videoconferencia para las demás unidades [Río Gallegos, San Julián y Río Turbio].



La mencionada actividad, dirigida a DocentesNo Docentes, y Autoridades,  fue declarada de interés institucional mediante Resolución Rectoral n° 1188/17-R-UNPA


Para mayor información sobre el evento y para inscribirse: ver la webpage de la UNPA



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viernes, 3 de noviembre de 2017

Primeras apreciaciones ante la reforma previsional que se viene

Primeras apreciaciones ante la reforma previsional que viene



Anibal Paz, abogado especializado en seguridad social, hace aclaraciones con respecto a las diferencias existentes entre los diversos regímenes previsionales  vigentes en el país, como 
consecuencia de lo expresado por el Poder Ejecutivo Nacional en dicha materia

Días atrás, el presidente Mauricio Macri anunció un paquete de reformas con el fin de lograr un equilibrio fiscal, entre otras cuestiones.

En su discurso no estuvo ausente el planteo de la necesidad de una reforma previsional y -al referirse a ésta- señaló: “El sistema previsional argentino esconde serias inequidades y no es sustentable”. A su vez, agregó que -a su entender- no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales.
Factor dialogó con Aníbal Paz, abogado especializado en temas previsionales, quien señaló: “Hemos detectado que los anuncios realizados y las informaciones mediáticas en general -que carecen de rigor técnico- tratan los tres regímenes utilizando indistintamente los términos “especial”, “diferencial” y “privilegiado” como sinónimos, cuando claramente no lo son, toda vez que tienen diversas razones de ser”.

¿Cuál es la diferencia entre los regímenes que usted puntualiza?

A grandes rasgos, podemos decir que los regímenes “especiales” permiten mejores condiciones en el cómputo del haber inicial y menores requisitos de edad y años de servicio a quienes se desempeñan en tareas que el Estado ha considerado relevantes para la sociedad. Tal es el caso de docentes de todos los niveles, universitarios, investigadores, científicos, magistrados, diplomáticos, por nombrar algunos.
Por su parte, los regímenes “diferenciales” permiten menores requisitos de edad y años de servicios a quienes se desempeñan en tareas que han sido calificadas como penosas, riesgosas, insalubres o que provocan agotamiento prematuro.


En este régimen encontramos a trabajadores portuarios, mineros, de áreas de Salud frente a pacientes con enfermedades infectocontagiosas, transportistas, trabajadores de cámaras de frío, estibadores, aviadores, ferroviarios, trabajadores de forja y fragua, y un largo etcétera. En estos casos, el cómputo del haber es el mismo que en el Régimen General.

Finalmente, el “privilegiado”, es el que beneficia a la clase política y permite un cómputo muy beneficioso del haber, y una exigencia mínima de servicios.En el ámbito nacional estos regímenes han sido derogados hace ya largo tiempo; no obstante, subsisten para legisladores y funcionarios de algunas provincias de nuestro país.
De lo que ha trascendido entendemos que la reforma se encausaría a eliminar los vestigios aún existentes de jubilaciones de privilegio -en particular se ha apuntado contra el régimen que beneficia a legisladores de la provincia de Buenos Aires- y a eliminar los menores requisitos de edad y servicios exigidos por los regímenes diferenciales, sin modificar el cómputo, en el entendimiento de que éstos ya no tendrían justificación, debido a que los avances tecnológicos, las mejoras en las condiciones laborales, entre otro cambios, habrían eliminado la necesidad de efectuar estas distinciones. Dicho así, de manera tan amplia y ambigua ha generado gran preocupación, ya que si bien es cierto que las condiciones que fueron consideradas hace décadas para la creación de estos regímenes diferenciales han cambiado, no podemos generalizar. En términos amplios podría acordarse que no todos los trabajos han visto significativamente mejoradas sus condiciones como para dejar sin efecto la razón de ser de los regímenes diferenciales, o al menos, ciertos puestos de trabajo, dentro de los regímenes comprendidos aún merecerían el trato diferencial.
Ante esta situación ¿cómo se debería encarar la reforma?

En estos casos sería lo ideal un análisis sector por sector, puesto por puesto, previo a eliminar o restringir el alcance de cada uno de estos regímenes. Algo que por cierto no podría lograrse sin la conformidad del sector sindical correspondiente. La lógica que impulsa esta eliminación de los diferenciales está basada netamente en una relación aporte/beneficio, lo cual ya sabemos que no es el único aspecto a considerar en una reforma previsional integral. Habría que analizar cuál es la cantidad de beneficiarios existente por estos regímenes para saber el impacto real que supondría una modificación. En ciertas ocasiones, al escuchar o leer ciertas manifestaciones se advierte que la eliminación de estos regímenes contiene una fuerte retórica que apunta a que los trabajadores de ciertos sectores dejen de percibir tantos beneficios, que en la práctica son vistos como verdaderos privilegios, sin serlo en el sentido técnico al menos, por cuanto ciertas tareas se remuneran muy generosamente en la actividad, y al mismo tiempo tienen un premio en la pasividad, y particularmente dicha mirada recae en aquellos sectores protegidos por grandes y fuertes sindicatos, lo que contrasta notoriamente con la enorme mayoría de los trabajadores del país.
¿Qué sucederá con la edad jubilatoria?

El tema del aumento de la edad jubilatoria es sumamente sensible y genera grandes rechazos sociales, como ya se ha visto en otras partes del mundo y, por ende, debe manejarse con amplios acuerdos y proyectos serios. Una de las posibilidades que se ha señalado es la de permitir la continuidad laboral más allá la edad de 65 años, similar a la opción que tienen hoy las mujeres. Por otra parte, hay que señalar que la elevación de la edad jubilatoria como opcional ya está vigente en nuestro sistema, y eso es algo que nadie menciona por estos días. En efecto, el régimen de los docentes universitarios, que data del año 2009, permite, a opción de cada docente, de cualquier sexo, continuar trabajando más allá de los 65 años de edad, y hasta los 70. En pocas palabras, las modificaciones de la edad jubilatoria, a mediano o largo plazo resultarán ineludibles, como uno de los elementos a considerar. Tal vez sería prudente comenzar por una elevación optativa y gradual de la edad, si no en general, al menos en algunos sectores.

A su entender ¿quienes no deberían faltar a ese diálogo para brindarle credibilidad y sustento jurídico a una reforma previsional?

El régimen previsional está íntimamente ligado al régimen tributario y al régimen laboral, al derecho colectivo y al derecho de la seguridad social (que incluye además del previsional los regímenes de obras sociales, de asignaciones familiares y de riesgos del trabajo), de allí su gran complejidad. Por empezar, la discusión debe darse en el Congreso, donde todos tengan la oportunidad de manifestarse fundadamente, sin ausencias y sin imponer las mayorías, de manera tal que surja una ley de reforma digerible por la sociedad en su conjunto. Sin el consenso de todo el amplio espectro político -el cual sería imposible si se sostienen dogmatismos-, nos encontraríamos o bien ante una eventual parálisis de la reforma, o bien ante una reforma llena de errores, omisiones y lagunas normativas, tal como ya estamos acostumbrados.


Demás está decir que por ser tan compleja la materia, nuestros legisladores, todos, deben estar debidamente acompañados con el asesoramiento profesional especializado. No pueden bajo ningún punto de vista quedar fuera de la discusión los expertos ni los académicos ni los magistrados de la seguridad social. Dentro de estos sectores sería interesante que se abriera un espacio para nuevas voces, ya que podrían aportar nuevas visiones sobre la compleja problemática que quienes vienen asesorando desde siempre no han sabido vislumbrar, en oportunidad de opinar sobre anteriores reformas. Tampoco, por cierto, pueden excluirse los organismos de seguridad social nacionales y provinciales ni los sindicatos.
Macri se refirió a que el Gobierno seguirá combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral que se ha convertido -según palabras del Presidente- en el negocio de algunos “vivos”, ¿cuál es su postura sobre lo dicho?

No comparto la visión que habla de la industria de juicio, aun reconociendo la existencia de excesos específicos. Es en todo caso el Estado, desde hace décadas, el que viene sistemáticamente vulnerando los derechos laborales y previsionales. Y todos los gobiernos -ante la evidencia de sus desastres normativos- se exculpan con la teoría conspirativa de la industria del juicio. Basta preguntar sobre la existencia de esa industria a los cientos de miles de ahorristas de la época del corralito, a los cientos de miles de jubilados que cobran sus sentencias de reajuste, a los cientos de miles de trabajadores que pudieron cobrar las indemnizaciones que les negaban o malpagaban, a las personas que obtuvieron de un amparo las prestaciones médicas que la obra social les negaba, y un larguísimo etcétera.
Claramente no existe esa industria, lo que sí hay es un incumplimiento sistemático de determinadas normas laborales, previsionales, sindicales, de riesgos del trabajo, de obras sociales por parte de cierto empresariado o del propio Estado



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jueves, 19 de octubre de 2017

Disertación de Aníbal Paz en Diplomatura de Posgrado - Material de estudio y test de evaluacion

Material de estudio y test de Evaluación -




El viernes pasado el Dr. Aníbal Paz disertó en el marco de la Diplomatura de Posgrado "El Derecho de la Seguridad Social y el Trabajo", organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.









En el siguiente enlace puede accederse a la presentación titulada Regímenes Jubilatorios Especiales: Docentes de todos los niveles, Docentes Universitarios, Investigadores y Científicos
[DEJÓ DE ESTAR DISPONIBLE]:





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