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jueves, 22 de septiembre de 2016

Entrevista al Dr. Aníbal Paz sobre dificultades en la Reparación Historica

Alertan sobre inconsistencias en el Programa de Reparación Histórica

Entrevista Completa, Comercio y Justicia 22/09/2016 
[Para ver la entrevista editada y finalmente publicada en Comercio Y Justicia, click Aquí]

Para Aníbal Paz, especialista en derecho previsional, el jubilado y pensionado debe interiorizarse con calma antes de adherirse ya que éste tiene un plazo de vigencia de tres años. Asimismo, pone en aviso a quienes tienen aportes como autónomos y a aquellos con haberes superiores a los topes
A poco de su puesta en marcha, ya se evidencian las primeras dificultades en la implementación práctica del Programa de Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados dispuesta a través de la ley 27260.

“A modo de introducción debe destacarse que la ley 27260 aún se encuentra en etapa de reglamentación. Al decreto 894/16 siguieron las resoluciones de la Anses 305/16 y 306/16 y numerosas circulares DP: 26, 27, 32, 37, 3845, 46, y 47, entre otras. A ello podría agregarse el decreto 807/16. Todo este conjunto normativo se encuentra actualmente en permanente estado de reglamentación, debido a que aún existen puntos oscuros y sin atender. Como puede advertirse, tanta reglamentación sólo puede significar una cosa: complejidad”. Así lo señaló Aníbal Paz, abogado, especialista en temas previsionales.

-¿Cómo se está realizando la adhesión y cuáles son las dificultades?

- La página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presenta, al menos hasta el momento, numerosos errores y “se tilda” frecuentemente. Esto se debería -según los expertos en sistemas- a tres factores concomitantes: el primero de ellos es que los técnicos de dicho organismo están implementando cambios constantemente en la web; el segundo sería el enorme tráfico que tiene la página en determinados horarios, lo que a su vez evidenciaría el tercer inconveniente: los servidores de la Anses no serían suficientes para tamaño esfuerzo. Todas estas complicaciones técnicas y prácticas, que no hacen diferencia alguna en cuanto al contenido en sí mismo del programa de reparación, contribuyen a generar ansiedad desmedida en los jubilados y operadores. Paralelamente, se deterioran las condiciones de trabajo de los empleados, se demoran los turnos de atención, lo que a su vez colapsa las Unidades de Atención Integral (UDAI). Estas condiciones de trabajo inadmisibles han causado la reacción de los sindicatos del sector, que en las últimas semanas han planteado asambleas, lo que a su vez determina una causa más que confluye en las demoras de atención al público.
Otro inconveniente se advierte cuando el jubilado tiene que registrar su huella digital, como requisito ineludible para avanzar con el trámite de reparación. Los jubilados deberían registrar su huella en los bancos en donde perciben sus haberes mensualmente. Sucede que no todos los bancos tienen sistemas para el registro de esas huellas, y esa circunstancia obliga a concurrir al jubilado a las distintas UDAI a los fines de formalizar ese trámite. Pero durante los primeros días del programa quedó en evidencia que no todas las UDAI tenían sistemas de registro, o si los tenían estaban disponibles en solo algunos boxes de atención.

-Más allá de los inconvenientes técnicos que menciona, ¿existen otros que tienen que ver con una cuestión más de fondo?

-Sí, la semana pasada comenzaron a dejarse ver las propuestas a través del Procedimiento Abreviado para Ajustes Anticipados del Haber. Éstos están diseñados para que en ciertos casos, los jubilados comiencen a cobrar inmediatamente el ajuste que les corresponda. Así, quienes sin haber iniciado juicio, cobran y el resultado del ajuste determine un haber inferior a dos veces y media de la jubilación mínima vigente, y que cumplan con alguno de los otros requisitos -ser mayor de 80 años de edad, tener una enfermedad grave, que el ajuste sea inferior a 30% del valor de la jubilación mínima vigente- podrán percibir de inmediato el ajuste que les corresponda, debiendo suscribir los acuerdos con la Anses con posterioridad -en un período de seis meses-. Así, con el mensual de septiembre muchos jubilados cobrarán automáticamente el ajuste. Sin embargo, francamente, en la mayoría de estos casos estos ajustes han sido decepcionantes. Más aun, se encuentran “disfrazados” dentro de la pauta de movilidad, como para dar una apariencia de mayor reajuste.

-¿Podría ejemplificar lo dicho?

-Sí, un caso concreto que tengo a la vista es el de un jubilado que en agosto percibió una jubilación bruta de $10.134,95, y en el mes de septiembre cobrará $11.842,26. Esto, a simple vista, da la sensación de un aumento por reparación de unos $1.707,31, lo que significaría un incremento de 15% aproximadamente. Sin embargo, resulta que en realidad el haber de agosto tiene un incremento por movilidad de 14,16% y en consecuencia el ajuste por reparación es sólo de $272, lo que es bastante alejado del promedio de 30% de ajuste prometido. Aquí encontramos entonces la primera “trampita” del sistema: al liquidarse los menores ajustes de manera automática junto con la movilidad queda en el universo de jubilados alcanzados la “sensación” de un gran aumento. Además, según los parámetros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el ajuste debería ser tres a cuatro veces superior al realizado.

-¿Cuál ha sido la actitud del jubilado en términos generales, frente al programa de reparación?

-El jubilado viene con la idea de que debe realizar todo el trámite de manera inmediata y aceptar ya mismo cualquier oferta de Anses, por miedo a perderla. Lo que no se comunica correctamente es que el programa tiene un plazo de tres años de vigencia, con lo cual no resulta imprescindible aceptar de manera inmediata, máxime cuando se tiene en cuenta que por más que se acepte inmediatamente, después el organismo pagará los ajustes de acuerdo con un orden de prelación determinado. Esto significa que van a existir casos en que por más que la aceptación sea inmediata y el trámite judicial electrónico haya terminado, el pago se formalizaría recién en 2017 o 2018. También se está comunicando que de manera equivoca que la ANSES está dando este gran beneficio a quienes acepten la propuesta. Lo que no se comunica adecuadamente es todo aquello a que deben renunciar los jubilados para acceder a la reparación. Como se sabe, los ajustes se harán con pautas que no son las que establece la CSJN y quienes acepten deberán renunciar a todos sus derechos de futuros reclamos. Entonces, sabiendo que la urgencia siempre va en contra de la prudencia, recomiendo enfáticamente a cada jubilado que se tome su tiempo, que haga analizar su caso con un profesional especialista, que efectúe los cómputos precisos y que en todo caso preste un consentimiento informado a la propuesta que efectúe Anses.
No es cuestión de renunciar a la ligera a los derechos en juego, por más que a veces sea mejor "un pájaro en mano que cien volando".

Otros segmentos

Según Paz, la Reparación conviene en algunos casos por sobre un juicio y viceversa, dependiendo de numerosas variables.Quienes deberían prestar más atención y cuidado con su aceptación son quienes tienen haberes superiores a los diversos topes o quienes tienen aportes como autónomo. Asimismo, agrega: “También se han advertido demoras en dar precisiones sobre casos que se encuentran alcanzados por la reparación, como aquellos que están jubilados por regímenes provinciales cuyas cajas fueron transferidas a la Nación. Además se advierte que las prestaciones por Simultaneidad Docente, de la ley 26508, se encuentran excluidas de la reparación, pese a que -de acuerdo con la forma de la liquidación de dicha prestación deberían incluirse. Por ello estimo que estos casos llegarán muy pronto a Tribunales”.

Ínfima regulación. La polémica de los honorarios

Diversas asociaciones de profesionales han acudido a tribunales por ese motivo. ¿y cuál es el eje de la disputa? La ínfima regulación de honorarios que pretende realizar ANSES, que contraria todas las disposiciones legales en la materia. Originalmente se había previsto que la ANSES pagaría $500 en concepto de honorarios a los abogados por cada trámite, más los gastos que su intervención requiriese. A través de la Res. 306/16 ese monto quedo establecido finalmente en la suma de $1.141,60, en concepto de gastos y honorarios. Pero sucede que esos valores son inferiores a todos los mínimos que establecen las leyes arancelarias. A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, por Ley 5134 tan sólo la consulta verbal mínima inicial está tasada en $ 612,15 [0,5 UMA]  y el bono de derecho fijo sale $90. En Córdoba, en tanto, la consulta verbal mínima, según Ley 9459 es de $1.018,64 [2 IUS], pero a ello deben adicionarse los aportes colegiales ($300) y previsionales ($744 a $1837,50, según el caso).

Afirma Paz: “esos son los valores tan solo de una consulta verbal. Si se pretende que un profesional ponga en riesgo su matrícula, y exponerse a casos de mala praxis profesional por esa suma irrisoria, vamos por el camino equivocado. Como he dicho antes, cada jubilado debe RENUNCIAR a sus derechos para acceder a la reparación. Para hacerlo, no debería obrarse con ligereza sino que el caso debería ser objeto de análisis, cómputos, estudio del expediente administrativo y un largo etcétera, a los fines de que esa renuncia se efectúe con un consentimiento informado. Si nos guiamos por los parámetros de las leyes citadas, el honorario profesional treparía cuanto menos a $10.000, y de allí que los abogados en general pactan cobrar  sumas equivalentes a entre uno y dos haberes jubilatorios, dependiendo de la complejidad y el monto del ajuste de cada caso. La Ley 17.040 establece la posibilidad del cobro de hasta dos haberes jubilatorios”.

Para el especialista, “debe advertirse que -en casos de transacción, como los acuerdos que deben firmarse con Anses- la ya largamente desactualizada ley 21839 establece un honorario equivalente a 20% del monto objeto del acuerdo, para los casos en que existen retroactividades. El citado organismo informa a los jubilados que no deben pagar nada a los abogados; ante tal situación, los jubilados deambulan por los despachos jurídicos en busca de un letrado que no les cobre, lo cual resulta prácticamente imposible, siendo que el honorario de la plaza está establecido en la práctica en una suma que va desde un haber hasta dos haberes ajustados. Esta situación genera que los jubilados, claro está, se vean forzados a elegir un profesional especializado, que cobrará por sus servicios, o tal vez un abogado inexperto o necesitado que hará el trámite por lo que paga Anses.

                                                
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miércoles, 27 de julio de 2016

Reparación Histórica

Cómo acceder a la Reparación Histórica a Jubilados de Ley 27260
A partir de la sanción de la Ley los jubilados podrán efectuar acuerdos con el Estado Nacional para el reajuste de las Jubilaciones y Pensiones. Podrán ingresar al Programa los jubilados y pensionados, hayan o no iniciado juicios contra la ANSES.

El programa pretende el reajuste del haber inicial de las jubilaciones, la mejoras de los haberes a través de nuevos parámetros de movilidad. Solo se reconocerán retroactividades a quienes tengan iniciado un juicio contra la ANSES. De esta forma se pretende eliminar la alta litigiosidad que desborda de expedientes los Tribunales de todo el país, como se ilustra en la fotografía. Para efectuar ese acuerdo es necesario contar con el asesoramiento de un abogado especializado.


¿De que se trata el programa de Reparación Histórica a jubilados?
Hacer click en los siguientes enlaces para obtener toda la información necesaria:
> Detalles del Programa de Reparación Histórica
> Críticas al Programa de Reparación Histórica
> Texto de la Ley 27260
> Reglamentación de la Ley según Dec. 894/2016

> Más información Aquí


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jueves, 23 de junio de 2016

Advierten que continuará la litigiosidad previsional

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA EMERGENCIA EN MATERIA DE LITIGIOSIDAD PREVISIONAL Y LA REPARACIÓN HISTÓRICA A JUBILADOS

Publicado en Comercio y Justicia el 23/06/2016.-

         Semanas atrás comentaba en este medio , los aspectos centrales del proyecto de Ley 15 -PE -2016, en lo relativo a uno solo de sus temas, esto es, en relación con la Reparación Histórica propuesta a los jubilados, a los fines de eliminar el estado de emergencia en materia de Litigiosidad en el fuero de la seguridad social, a la par que como una forma de dar alivio a los jubilados proponiéndose las actualizaciones de las jubilaciones conforme a los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN] . En aquella oportunidad, por una cuestión de espacio, la entrevista publicada debió limitarse solo a los puntos centrales del proyecto. En esta ocasión, y contando ya el proyecto con media sanción por parte de la Cámara de Diputados resulta una buena oportunidad volver sobre el mismo para entrar en un mayor análisis sobre las primeras críticas que se han materializado.

BREVE INTRODUCCIÓN:
        Como breve prefacio debe referirse que el Programa de Reparación prevé reducir a la mínima expresión posible la enorme Litigiosidad en materia previsional, pagándole a los jubilados las sentencias pendientes,  recalculando los  beneficios iniciales  y las movilidades ulteriores, de aquellos jubilados que aún no han iniciados juicios en base a los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos Fallos Sánchez, Monzó, Badaro I, Badaro II, Eliff, inter alia. Vale decir que se prevé la actualización de las jubilaciones por movilidad, de acuerdo a  dichos fallos, y por el otro la actualización de las remuneraciones que se tomaron como base para el cálculo del haber inicial.
        La ANSES deberá recalcular los haberes en base a aquellos criterios, de los jubilados que ingresen en el Programa. Sobre ese recalculo la ANSES – según oportuna reglamentación- efectuará una “oferta” de pago  a favor de cada jubilado, a la que accederá renunciando a iniciar nuevos juicios, o desistiendo los ya iniciados, o en cumplimiento de sentencias ya firmes, según sea el caso. Dependiendo del caso, se reconocerá la retroactividad hasta cierto límite, y el pago se haría en un 50% en efectivo, y el resto en 12 cuotas trimestrales, actualizables según índice de movilidad, es decir que se terminaría de pagar en tres años.

DURACION
          Este programa está previsto con una vigencia de tres años a partir de su sanción definitiva, privilegiándose el acceso a las personas que tengan más de 80 años de edad y/o problemas de salud en estado terminal.
Curiosamente la situación de cada jubilado se analizará conforme a la situación previsional vigente al día 30/05/16, lo cual supone un absurdo, por los siguientes motivos: 
         1.- Quienes ya han iniciado juicio, cuyo trámite este en curso, podrán ver en el trascurso de los próximos tres años el resultado del mismo, plasmado en una sentencia favorable. La letra del proyecto  supone dejar fuera del Programa a quienes en el futuro inmediato obtengan una sentencia. Esta situación atenta contra la igualdad, y, por supuesto, de no ser contemplada la posibilidad de incluir a quienes en lo sucesivo obtengan sentencias a partir de dicha fecha, será motivo de litigio.
           2.- quienes tienen menos de 80 años de edad, deberán esperar para inscribirse en el Programa. En ese ínterin podrían válidamente iniciar reclamos administrativos y judiciales, en procura del reconocimiento e los derechos consagrados en los fallos citados. Nuevamente estaríamos ante un agravio a la igualdad si se omitiese el reconocimiento de los derechos –por ejemplo al retroactivo- sobre quienes inicien sus reclamos sean estos administrativos o judiciales, a partir del 30/5/16. Dejando de lado a quienes podrían especular con iniciar reclamos administrativos a partir de la sanción de la Ley, hay que contemplar los casos de las personas que antes de su sanción han iniciado sus reclamos, y que por tener menor edad a la señalada deberán esperar para incorporarse al programa. De tal manera que, agotada la vía administrativa se verán forzados a iniciar a las acciones para no perder el derecho. En esos casos resultaría incomprensible no incluir a esos jubilados en la posibilidad de reconocimiento de los respectivos retroactivos. En idéntica situación se encuentran quienes actualmente están dentro del plazo para iniciar acciones judiciales por haberse agotado recientemente la vía administrativa. Con respecto a los “especuladores” cabe aclarar que en realidad tienen idénticos derechos a todos los demás. Pero podrían encontrarse con una traba  ya que la Ley establece – por una cuestión de Orden Público y seguridad jurídica- una línea de corte. En esos casos el juez que intervenga deberá decidir, en el caso concreto, si debe privilegiarse el derecho a la igualdad –para acceder al programa- o si debe privilegiarse el orden público. En este último caso vale aclararse que no perderían sus derechos según los fallos citados, sino que tan solo se verían impedidos de acceder a los beneficios del Programa, en función de esa línea de corte temporal.
            De modo tal que propiciamos desde este lugar que el Senado introduzca una modificación al texto de la Ley, de tal manera que la fecha de corte no sea el 30/05/16, sino que se tome como fecha de corte aquella en la que el interesado se inscriba en el programa.

ASPECTOS EXCLUIDOS
            Las mayores críticas que se han recibido, y que podrían atentar en contra de la efectividad del Programa, son las siguientes:
a)                             Existe un elenco de beneficiarios que estarían excluidos de cualquier tipo de reparación o beneficio, esto es  los beneficiarios de Regímenes Jubilatorios Especiales:  Docentes [Dec. 137/05, Ley 24.106]; Investigadores y Científicos [Dec. 160/05, ley 22.929]; Docentes Universitarios [Ley 26.508]; Magistrados y Funcionarios [Ley 24.018], Diplomáticos [ Ley 22.731]; Guardaparques Nacionales [Ley 23.794], etcétera. Los beneficiarios de estas leyes, quedarían excluidos, aun cuando en algunos casos sus movilidad se ha regido durante algún tiempo por la Ley 24.463. Este aspecto podría tornarse litigioso, en razón de las idas y vueltas históricas que han tenido los régimen jubilatorios especiales en la legislación y jurisprudencia de nuestro país. Tal vez solo el Régimen de Ley 26.508 no estaría alcanzado por ningún tipo de reparación, dada su fecha de sanción y la existencia de un índice propio de movilidad desde su nacimiento. En todos los demás casos en algún momento los beneficiarios de dichas normas debieron regir su movilidad según leyes generales, salvo en los casos de sentencias o índices propios.  A modo de ejemplo relativo a la Litigiosidad en la materia vale citarse la ley 23.966 y el Dec. 78/94. En el caso de los regímenes especiales, si bien el universo es más pequeño, entiendo que la Litigiosidad no quedaría eliminada con la sanción de este proyecto. Sería deseable en todo caso que la reglamentación examine detenidamente la casuística y contemple algunas mejoras. Para ello deberá contar con una clausula en el texto de la Ley que delegue esa posibilidad.
b)                        El proyecto supone reconocer el pago de retroactividades en concepto de movilidades y actualización de remuneraciones no abonadas, peor solo hasta un tope. Es decir que la ley en ciernes mantiene la vigencia de todos los topes existentes y todos los haberes máximos. Si bien a la gran mayoría de los casos estos topes y máximos permitidos no les serian de aplicación, existe ciertamente un gran número de jubilaciones altas que excederán esos parámetros. Resulta que muchos de esos topes y máximo también han sido declarados inconstitucionales por la CSJN, y, en consecuencia,  las ofertas a realizarse en el marco del Programa serian sensiblemente inferiores alas que corresponderían por sentencia. Siendo el universo de afectados mas chico, dado el monto de sus haberes, el impacto financiero de reconocer esas inconstitucionalidades seria tal vez demasiado alto. Pero entonces, nuevamente, al no reconocerse esos fallos estaríamos ante un escenario litigioso.
c)                                   El proyecto no contempla situaciones resueltas por la CSJN en Fallos Etchart, Delprati, o Dondi, por citar solo algunos En los dos primeros se establece el reconocimiento de la renta vitalicia previsional, y su ulterior movilidad a cargo del Estado y con el límite inferior de una jubilación mínima. En el tercero de ellos se reconoce la inconstitucionalidad del tope establecido en el Art. 80 bis de la ley 19101, que impide acumular jubilación con retiro. Ciertamente el elenco de juicios derivados de estos casos no contemplados seguirá su curso.
d)                                Quienes si ingresen en alguno de los agrupamientos que la norma establece a los fines de obtener los beneficios señalados, se encontrarán con  una “oferta” del Estado que no se acerca a lo que correspondería a cada interesado si optase por litigar, en lugar de acordar. Ello fundamentalmente por cuanto al reconocer la actualización de las remuneraciones que se plantean en el Fallo Eliff, se propone actualizar en base al RIPTE, el periodo que en Eliff se actualiza por ISBIC, lo que arroja ciertamente una deferencia negativa para el jubilado.
e)                                  De lo visto hasta aquí, y sin abundar en otros aspectos, nos salta a la vista otra critica que con razón se ha formulado: El Programa, ataca la consecuencia, pero no la causa. Es decir que se pretende eliminar la alta Litigiosidad, que en realidad es la consecuencia de la falta de reconocimiento de las movilidades y actualizaciones correspondientes. Como hemos visto, al atacarse solo la consecuencia, hay varias causas que no se han incorporado al programa y, por ende, seguirán contribuyendo a la consecuencia que se pretende evitar. En otras palabras:  al no eliminarse todos los motivos de litigios generales, la Litigiosidad continuará. El cumplimiento de los objetivos del programa dependerán en gran medida de la oferta que haga el Estado para desalentar los casos en que aun queden derechos por reclamar y que la gestión y el pago de la misma sea ejecutivo.

IRRENUNCIABILIDAD
            Este aspecto ya fue enunciado en la entrevista citada más arriba: “Un  interrogante que me asalta a esta altura es relativo a la irrenunciabilidad de los derechos previsionales, claramente establecido en el Art. 14 bis de la Constitución. Esto significa que ciertos derechos son indisponibles por las partes, y el jubilado no puede renunciar a ellos, ni siquiera proponiéndoselo. En ese marco resulta dudoso el alcance que pretende dársele a todos estos acuerdos transaccionales. Es decir, en los casos en que exista un juicio, en cualquiera de sus etapas, resultaría procedente este tipo de acuerdo, al que se le otorgaría el alcance de cosa juzgada, una vez homologado, no pudiendo el jubilado iniciar otro juicio por el mismo motivo. Ahora bien: ¿qué pasa con quienes no hicieron ningún juicio aun? Ciertamente no podrán renunciar a sus derechos previsionales, en consecuencia, lo único a que podrían renunciar en esos acuerdos transaccionales es a iniciar algún tipo de acción”.
           Debe recalcarse que el concepto de irrenunciabilidad es un principio jurídico aplicable tanto en derecho laboral como en derecho previsional y supone que un derecho no puede ser renunciado por el beneficiario del mismo. En este caso, hablamos de los derechos que la CSJN ha consagrado en sus Fallos centrales sobre la temática. Explayando la situación advertimos que podría haber violación al principio de irrenunciabilidad en los siguientes aspectos:
Ø               Como hemos visto más arriba existe un elenco completo de derechos que el jubilado no puede renunciar y que quedarían al margen del programa: ¿pueden efectuarse acuerdos sobre derechos reconocidos por la CSJN en los fallos citados? ¿puede un jubilado renunciar a iniciar juicio, por ejemplo, para pedir actualización en base al ISBIC, acordando con el Estado que le pague hasta el RIPTE, y hasta los topes y máximos? ¿podría el jubilado aceptar la oferta, y luego litigar por el resto?  El principio de irrenunciabilidad bien entendido indica que el jubilado podría aceptar la oferta, en base al Programa, y posteriormente evaluar accionar por el resto de sus derechos a los cuales NO puede renunciar. Ahora bien, si se puede renunciar a iniciar determinadas acciones. En cuyo caso habrá que estarse a los términos del acuerdo, y por ese preciso motivo es que se requiere de acompañamiento profesional especializado. Además, quienes ya hayan iniciado un juicio y tengan sentencia o lleguen a un acuerdo transaccional, deberán considerar la cosa juzgada sobre determinados aspectos. 
Ø               Con respecto a los acuerdos transaccionales se ha dicho que no corresponde en caso de aquellos jubilados que ya tienen sentencia. Claramente, la transacción es un acuerdo de partes que supone la existencia de un derecho dudoso o litigioso, y que ambas partes deberán efectuar concesiones reciprocas sobre el mismo. Si estamos ante la presencia de un jubilado con sentencia, entonces no podrá haber transacción posible, toda vez que ya no estaríamos en presencia de un derecho dudoso ni litigioso, sino ante un derecho reconocido. Por otra Parte, en estos  casos tampoco podría hablarse de transacción valida siendo que solo el jubilado es el que efectúa las cesión de parte de sus derechos [al reconocérsele menos de lo que corresponde según sentencia], toda vez que el Estado ha quedado obligado al pago de una suma concreta y no cede en nada, sino que en todo caso manifiesta su voluntad de pago de una manera alegadamente más rápida y sencilla que a través del camino habitual para el cobro de sentencias.

CONCLUSIONES
    Como podrá advertirse, no han sido objeto de análisis otras cuestiones íntimamente vinculadas con la presente, tales como la Pensión Universal del Adulto Mayor, o las modificaciones que han tenido las Leyes 24.476 y 26.970 relativas a las Moratorias previsionales. Seguramente todo ello será motivo de un análisis en próximas ediciones.
    A modo de conclusión puedo afirmar que el proyecto bajo comentario amerita varias modificaciones. Sin ellas el Programa, una vez sancionado,  quedará a  medias en sus propósitos y objetivos, toda vez que la Litigiosidad que se pretende reducir no puede ser eliminada mientras el Estado no reconozca la totalidad de los derechos en juego.

Aníbal Paz
Abogado
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Leer la entrevista desde la pagina de Comercio y Justicia: CLICK AQUI (La entrevista publicada en el Diario ha sido editada y recortada por cuestiones de espacio. El texto completo y original de la misma es el que se lee en este post)






jueves, 2 de junio de 2016

Entrevista completa al Dr. Aníbal Paz

Reparación a jubilados: un proyecto prometedor


Publicada en Comercio y Justicia, el 02/06/2016 

 Según Aníbal Paz, el actual gobierno pretende bajar el stock de causas en trámite y limitar a casos puntuales cualquier litigiosidad futura. Resaltó que en los últimos años hubo reticencia del Estado a pagar las sumas de dinero que imponían las sentencias obligando así al jubilado a litigar nuevamente para lograr el efectivo pago.

Apenas conocido el texto del proyecto de ley presentado en el Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, este medio consultó con el Dr. Aníbal Paz a los fines que nos brindara una breve síntesis del mismo, así como sus primeras impresiones y consideraciones sobre el tema.

El proyecto presentado anoche a última hora comprende varios aspectos, como el blanqueo de capitales, cambios al impuesto a los las ganancias y a los bienes personales y otros asuntos sobre los cuales no me voy a explayar en este momento, ya que el motivo de esta entrevista es precisamente ahondar sobre la reparación a los jubilados.

La primera consideración supone ser cauteloso, y transmitir a los jubilados algo de paciencia. En nuestro Estudio hemos recibido estos últimos días numerosísimas consultas, pero cabe aclarar que por el momento se trata de un mero proyecto de ley, que deberá ser aprobado por las dos cámaras del congreso, lo que puede incluir algún cambio en su formulación, y posteriormente deberá ser reglamentado para su operatividad práctica. De acuerdo a las declaraciones del titular de la ANSES se espera que recién para septiembre de este año el programa se encuentre en marcha. En definitiva, más allá de las declaraciones de diversos funcionarios en la Prensa, hay muchas cuestiones que permanecen en incógnita.

¿Cuál es el fin de este proyecto?
A modo de apretada síntesis podemos decir que se proyecta la Declaración De Emergencia En Materia De Litigiosidad Previsional, por un plazo de 3 años, prorrogable por el PEN por otro lapso igual, y es en el marco de dicha emergencia que se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
Este Programa tiene como finalidad terminar con el problema de la alta Litigiosidad, que es una debilidad estructural e histórica del sistema. Desde hace décadas el Estado Nacional ha venido pagando a sus jubilados menos de lo que les corresponde y por ese motivo ellos se vieron forzados a iniciar cientos de miles de juicios, durante largos años. Este proceso se ha visto acelerado en los últimos 14 o 15 años. En la medida que esos juicios llegaban a sentencia firme, el Estado quedaba condenado a pagar enormes sumas de dinero, y costas judiciales, pero en los últimos años también hubo reticencia del Estado en pagar esas sumas, en muchos caso obligando nuevamente a litigar para lograr el efectivo pago de lo que previamente otra sentencia les había reconocido. De esta forma se pretende bajar el stock de causas en trámite, y limitar cualquier Litigiosidad futura a casos puntuales.

¿Quiénes podrán acogerse?
Podrán acceder al Programa, todos los jubilados y pensionados cuyos beneficios estén calculados por las leyes 18.037, 18.038 y 24.241. También aquellos que sin estar incluidos en dichas normas se hubieran jubilado con anterioridad al 01/12/2006 y cuya movilidad estuviere referida a aquellas leyes. Debe hacerse énfasis en el hecho que se comprende también a los pensionados.  Para este universo de jubilados la ANSES  recalculará sus beneficios iniciales  y las movilidades ulteriores, en base a los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos Fallos Sánchez, Monzó, Badaro I, Badaro II, Eliff. Es decir que, por un lado se prevé la actualización de los beneficios por movilidad, de acuerdo a los criterios sentados en dichos fallos, y por el otro la actualización de las remuneraciones que se tomaron como base para el cálculo del haber inicial.


 ¿Quiénes quedan excluidos?
 Como primera consideración este proyecto “deja afuera” a quienes tienen Rentas Vitalicias originadas en el Régimen de Capitalización, también quedarían en principio “afuera” los regímenes jubilatorios especiales [Docentes, magistrados, diplomáticos, universitarios, investigadores].

¿Cómo se pagará a los beneficiarios?
El Programa prevé tres grupos de jubilados que podrán acceder al este programa: quienes ya tienen sentencia firme; quienes han iniciado juicio, pero aún no tienen sentencia firme; y quienes encontrándose en condiciones de reclamar en virtud de aquellos fallos aun no iniciaron juicios. En todos los casos la ANSES redeterminará el haber y las diferencias, ofreciendo abonarlas en un 50% al momento de acordar, y el resto en 12 cuotas trimestrales, actualizables por índice de movilidad. En todos los casos el pago se formalizará a través de un acuerdo transaccional homologado judicialmente, para lo cual se requerirá la intervención de un abogado. Ahora bien, los señalados en primer término recibirán una propuesta que incluya hasta 2 años de retroactividad, previos al inicio de la demanda, los señalados en segundo lugar solo recibirán una propuesta que contenga hasta un máximo de 4 años de retroactividad, y los demás solo recibirán una propuesta desde la fecha en que ingresan al programa. Para evitar corridas al juzgado de último minuto el proyecto incluye la cláusula que los juicios en cuestión deben estar iniciados con anterioridad al 30/05/16. La reglamentación deberá determinar cuáles serán las quitas que se propondrán para esos acuerdos, y el contenido de los mismos entre otras varias cuestiones. 
 
¿Cuál será el tratamiento impositivo?
Un aspecto que no es menor es el tratamiento impositivo que se le dará a las retroactividades que se paguen por este Programa: en punto al Impuesto a las Ganancias se aplicará el sistema de lo devengado y no el de lo percibido, lo que reduce sustancialmente la carga impositiva. Además, las actualizaciones del capital quedarán exentas del tributo.

¿Cómo se harán los acuerdos? ¿Qué pasa con quienes no hicieron ningún juicio aún?
Siendo el proyecto tan nuevo y tan extenso amerita un análisis más profundo. No obstante, puedo señalar algunas consideraciones. Primero, si bien no se expresa con claridad, los jubilados deberán requerir la asistencia de un profesional del derecho. Pero debe aclararse que en principio no sería cualquier abogado, sino que debería ser un abogado previamente registrado en la ANSES. De esta manera se aseguraría la necesidad de contar con un abogado especializado. Por otra parte, como todo acuerdo, la ANSES le hará una “oferta” a cada jubilado. Para determinar la conveniencia de aceptar – o no- esa oferta, se requerirán sin duda numerosos y complejos cálculos que solo los abogados especializados pueden brindar.

¿Qué otros aspectos centrales merecen destacarse?
Un  interrogante que me asalta a esta altura es relativo a la irrenunciabilidad de los derechos previsionales, claramente establecido en el Art. 14 bis de la Constitución. Esto significa que ciertos derechos son indisponibles por las partes, y el jubilado no puede renunciar a ellos, ni siquiera proponiéndoselo. En ese marco resulta dudoso el alcance que pretende dársele a todos estos acuerdos transaccionales. Es decir, en los casos en que exista un juicio, en cualquiera de sus etapas, resultaría procedente este tipo de acuerdo, al que se le otorgaría el alcance de cosa juzgada, una vez homologado, no pudiendo el jubilado iniciar otro juicio por el mismo motivo. Ahora bien: ¿qué pasa con quienes no hicieron ningún juicio aun? Ciertamente no podrán renunciar a sus derechos previsionales, en consecuencia, lo único a que podrían renunciar en esos acuerdos transaccionales es a iniciar algún tipo de acción. Pero en teoría ello no impediría la revisión de esos acuerdos por la vía de otra acción diferente, lo cual también podría decirse de quienes si han iniciado juicios. Entonces resulta válido aclarar que puede renunciarse a una acción, pero no a los derechos involucrados en dicha acción. En definitiva, veo como posible que en un futuro esos acuerdos encuentren una vía de revisión judicial, en virtud de la irrenunciabilidad señalada, lo que podría ser un serio obstáculo a los objetivos del Programa.

Por ultimo debe agregarse que el Proyecto comprende también una Pensión Universal para el Adulto Mayor, que será compatible con cualquier actividad en relación de dependencia o autónomo, a la que se accederá por el solo hecho de cumplir 65 años de edad y no acreditar derecho a una jubilación. Este beneficio permite la cobertura de una obra social [PAMI], y también podrán acceder a él los extranjeros con 20 años de residencia en el país. El monto será equivalente al 80% de la Jubilación Mínima vigente. De esta forma se pretende dar acceso a la cobertura social a todo aquel que con 65 años de edad cumplidos no tenga los requisitos para jubilarse –puede continuar trabajado hasta cumplir los años de servicios que le falten-, siempre y cuando no tenga otra jubilación , pensión, plan social ni retiro.

En definitiva, estamos ante un proyecto de ley que contiene beneficios sociales innegables. La reglamentación, que deberá ser objeto de oportuno análisis, deberá determinar el camino para que efectivamente queden aquellos beneficios  al alcance de todos. Ahora bien, este programa es por el momento teóricamente sostenible financieramente con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA, hipótesis que la practica podría derribar, pero este tema merece una exegesis por separado y más profunda.-

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Leer la entrevista desde la pagina de Comercio y Justicia (La entrevista publicada en el Diario ha sido editada y recortada por cuestiones de espacio. El texto completo y original de la misma es el que se lee en este post)



Aníbal Paz
Abogado
Estudio Aníbal Paz & Asoc. 



Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)
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