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viernes, 21 de agosto de 2020

Videoconferencia: Teletrabajo y reforma previsional con especial referencia al Sector Universitario

Aníbal Paz dictará una videoconferencia el día viernes 11/9 que versará sobre "El impacto del teletrabajo y de la reforma previsional en el contexto de la emergencia sanitaria y en el futuro de los trabajadores". Con mención especial para el Sector Docente Universitario Público y Privado. La misma será organizada por la Asociación de Abogados de Río Gallegos y coordinada por el Ab. Juan José Regalado.

 Videoconferencia: Teletrabajo y reforma previsional con especial referencia al Sector Docente Universitario Público y Privado

 

 

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miércoles, 1 de julio de 2020

Condenan a la Universidad Nacional de Córdoba a indemnizar a docente interino por LCT 20744


Condenan a la Universidad Nacional de Córdoba a indemnizar a docente interino conforme Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744

El Tribunal interviniente hizo lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta por el docente universitario con el patrocinio de este Estudio, que luego de más de 30 años de desempeño había sido dejado cesante sin que se llamase a concurso para cubrir su cargo. En razón de ello condenó a la Universidad   Nacional   de   Córdoba “al pago de una indemnización igual aun mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida   durante   el   último   año   o   durante   el   tiempo   de   prestación   de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo”.

Antecedentes.

El profesor fue cesanteado luego de 30 años de desempeño ininterrumpido con renovaciones anuales como docente interino en la Cátedra Análisis Matemático II de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional, y pese a   que   nunca   se   ha   llamado   a   concurso   para   cubrir   el   cargo, conforme establece la Ley de Educación Superior N° 24.521 y el propio Estatuto Universitario. En su lugar se designó a otra docente con carácter interino.

Así las cosas, con patrocino del abogado Aníbal Paz inició acción declarativa de certeza a los fines que, entre otras cuestiones, “a) se declare su derecho adquirido a ser designado docente interino en la Cátedra Análisis Matemático II hasta que quede firme el concurso correspondiente; b) se declare su derecho a ser indemnizado en caso de ser cesanteado o despedido desde el 31.07.2008 en base a la LCT, lo que incluye lucro cesante; c) que se declare que posee tutela sindical en base a los arts. 47 y 48 de la ley 23.551, aun cuando su cargo sea interino; d) se declare que la FCEFYN y/o la UNC han desplegado una actividad discriminatoria y/o calificada por mobbing por su actuar gremial”

Como medida cautelar, oportunamente el docente había sido reincorporado por el Juzgado Federal N° 1. Ulteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la medida. Luego de un larguísimo proceso judicial el Juzgado Federal N° 1 rechazó por motivos meramente formales la acción declarativa intentada.  Apelada la decisión por la parte actora la referida Cámara hace lugar al interpuesto, revocando la sentencia dictada por el inferior y mandando a que se dicte una nueva. Para ello la Cámara tuvo en cuenta que “con fundamento en que -tras ocho años de litigio- el inferior decidió rechazar la acción por cuestiones formales, en particular porque la vía no resultaba idónea para dirimir la cuestión planteada. En tal sentido entiende que el juez tenía el deber de resolver de oficio en la primera providencia si correspondía el trámite presentado por el actor, conforme a los términos del art. 322 del CPCCN” La Cámara entiende que hubo una “innecesaria dilación del proceso y desgaste jurisdiccional y que resulta un excesivo e infundado rigor formal  llegar a la conclusión que se arribó en la sentencia, agregando que las formas procesales han agredido el derecho de defensa y el principio del debido proceso”. Es así que luego de lo decidido la causa pasa al Juzgado Federal N° 2, cual es el que finalmente, luego de más de 12 años de litigio, llega a la sentencia que es motivo del presente comentario.

Las consideraciones del fallo.
En el caso estamos ante un docente interino que fue renovado de manera anual e ininterrumpida durante unos 30 años, y nunca en el ínterin se   ha   llamado   a   concurso   para   cubrir   el   cargo y por cierto ello “no se condice con las obligaciones legales y estatutarias que tienen la Facultad y la Universidad de llamar a Concurso”. Si bien es cierto que se llamó a un concurso público de antecedes y oposición para cubrirse cargo recién en el año 2005, el mismo nunca se sustanció.
En esa línea, la declarativa de certeza planteaba que aún si el concurso finamente se hubiera sustanciado, y en el caso que el actor no hubiese ganado, correspondía preguntarse si el desempeño durante 30 años en forma interina del cargo, no le habría hecho adquirir algún derecho.
El magistrado destaca además la dificultad del presente caso, atento al “farragoso procedimiento administrativo llevado a cabo en nueve cuerpos en los que se superponen distintas cuestiones (cese del interinato del actor, actividad gremial del mismo, concursos destinados a cubrir el cargo que el actor ejercía como interino, irregularidades que motivaron la instrucción de un sumario al actor accionante revistó como docente interino (…)
Finalmente el Dr. Sanchez Freytes valoró: “(…)el suscripto no puede dejar pasar tan fácilmente que en el caso concreto que nos ocupa la Universidad ha renovado el interinato del reclamante por treinta años (contando el último tramo en que se mantuvo el cargo por medida cautelar), por lo que es innegable que ello pudo haber generado algún tipo de expectativa de estabilidad laboral más allá de las prerrogativas con que cuenta el ente académico en virtud de su autonomía y sus decisiones discrecionales que están exentas del control de los magistrados (…). Cita en sostén de su tesitura los fallos Medina, Jorge c/ Dirección Nacional de Migraciones y Ramos, José Luis c/ Estado Nacional que dispusieron indemnizaciones en casos de empleados público al rescindirse contratos de larga data que se venían renovando indefinidamente.
Continúa afirmando: “más allá de que la asimilación de los docentes de las universidades nacionales al status de empleado público pueda resultar discutible, lo que sí constituye un denominador común es la expectativa de estabilidad laboral o de continuidad del interinato que experimentan aquellos a quienes se les ha prorrogado indefinidamente el vínculo laboral transitorio. De allí que la no renovación de ese vínculo, pasado un tiempo considerable, produce al menos una lesión que requiere ser reparada. (…) No se está   infiriendo   con   ello   que   la   lesión   a   esa   expectativa   deba traducirse en un derecho a ser reincorporado (…) Podría   pensarse   –desde   el   otro   extremo-   que   la   Universidad   estaba obligada a regularizar la situación del actor en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 del CCT para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales – Dec. 1246/2015   que   prevé   que   las   autoridades   competentes dispondrán los mecanismos para la incorporación a carrera docente de los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del dicho convenio tuvieran cinco años o más de antigüedad en tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable. Esta norma dispone también que, hasta tanto se resuelva la situación de los mismos, no se podrá modificar en detrimento del docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u omisión, a excepción del caso del docente que se encuentre comprendido dentro de las causales de cesantía o exoneración. Sin   embargo, el   Ing.   Sánchez   no   se   encuentra   alcanzado   por   esta disposición dado que su situación ya se encontraba resuelta administrativamente al disponerse su baja, al no renovársele el interinato. Tampoco podría interpretarse que la nueva disposición debía aplicarse retroactivamente por resultar más benigna para el trabajador. Justamente porque–al   estar   resuelta   administrativamente   su   situación-   el   actor   nunca   tuvo   un derecho adquirido a la estabilidad o a mantener el interinato sino una expectativa creada a partir de la extensión del vínculo en los hechos y en el tiempo, que sólo amerita un resarcimiento del daño, pero no el derecho a la reincorporación. Ahora   bien, habiendo   adoptado   analógicamente   de   los   precedentes “Medina” y “Ramos” la  pauta  indemnizatoria   allí  fijada   pero  no  la   calidad  de empleado   público   del   docente   universitario,   cabe   preguntarse   entonces   qué parámetro   objetivo   corresponde   tomar   a   los   fines   de   cuantificar   dicho resarcimiento (…)”
Es entonces que concluye que nada impide adoptar la pauta indemnizatoria del art. 245 de la LCT, peticionada expresamente por el actor y que –en su contenido- coincide con el art. 11 de la ley de empleo público 25.164 considerada en los citados precedentes “Medina” y “Ramos y   atento   a   la   solución   arribada   de   reconocer   una   legítima expectativa y un derecho a ser indemnizado, pero no un derecho adquirido a la estabilidad laboral ni a mantener el interinato, deviene abstracta la pretensión de que se declare que el actor posee tutela sindical en base a los arts. 47 y 48 de la ley 23.551, independientemente de la jurisprudencia por él citada(…)

La decisión.
En base a todo lo señalado el magistrado resolvió: “Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada (…) en   contra   de   la   Universidad   Nacional   de   Córdoba, correspondiendo condenar a esta última al pago de una indemnización igual aun mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida   durante   el   último   año   o   durante   el   tiempo   de   prestación   de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo, (…) Sin   perjuicio   de   ello,  procede  rechazar  la pretensión de que se declare que la FCEFYN y/o la UNC han desplegado una actividad discriminatoria y/o calificada como mobbing por la actividad gremial del accionante. Por otra parte, corresponde declarar abstractos los demás planteos formulados   por   el   actor   y   que   han   sido   especificados   en   el   considerando respectivo. A la suma mandada a pagar se deben adicionar los intereses de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA más el 2 % mensual desde (…) el 01.10.2008 (…) hasta   el   31.07.2015   y,  a   partir   del 01.08.2015 hasta su efectivo pago, el interés de la tasa activa cartera general nominal anual vencida con capitalización cada 30 días del BNA (…)”.

La Causa.
El pronunciamiento fue dictado por Juzgado Federal N° 2 de Córdoba en autos Sánchez, José Alberto C/ UNC S/ Acción meramente   Declarativa   De   Inconstitucionalidad

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martes, 23 de junio de 2020

Condiciones mínimas de teletrabajo para docentes universitarios e investigadores


Condiciones mínimas de teletrabajo para docentes universitarios, preuniversitarios e investigadores
Se ha llegado mediante acuerdo paritario a un consenso mínimo para determinar cuál es el piso de los derechos laborales que amparan a los Docentes Universitarios, Preuniversitarios e Investigadores de las Universidades Nacionales [UUNN] del país, mientras subsista la emergencia sanitaria y el dictado de clases a distancia de manera virtual.

“En el marco de la emergencia sanitaria vigente, dispuesta por ley 27541 y prorrogada a su vez por los decretos 260, 297, 325
, [355, 408, 426, 459, 493, 520, y 543] se dispuso desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente de ese Ministerio, la suspensión del dictado de clases en todos los niveles y modalidades, a la par que numerosas recomendaciones. Entre ellas, la suspensión de toda actividad en las universidades nacionales y el cambio de modalidad de la prestación laboral del docente, que pasó, de la noche a la mañana, desde un sistema presencial a uno virtual. Claro, ese cambio radical operó dentro de las limitaciones preexistentes, tanto desde la preparación y los saberes necesarios para desempeñar esa labor bajo la modalidad virtual como desde la infraestructura necesaria para que aquella se desarrolle con mediana normalidad”[1].
Entre las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Educación [ME] se destacan, las Res. 82, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 y de la Secretaría de Políticas Universitarias [SPU] 12, todas del año 2020. Asimismo, el Consejo Interuniversitario Nacional [CIN] dispuso mediante Res. CE CIN 1489/20 la creación de una Comisión De Seguimiento Sobre Las Acciones Relativas A La Emergencia Sanitaria Suscitada Por La Pandemia De COVID-19 En El Ámbito De Las Instituciones Universitarias Públicas. Posteriormente el ME, mediante Res. 423/20, dispuso la creación del Consejo Asesor Para La Planificación Del Regreso Presencial A Las Aulas. En todas esas resoluciones subyace una pregunta fundamental, que acaba de ser respondida, al menos parcialmente: ¿en qué condiciones debe desempeñarse el teletrabajo del docente universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, y a la luz de convenio colectivo de trabajo (CCT) vigente?[2]

Pues bien, como decía antes, aquel interrogante ya se ha respondido de manera parcial. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria he estudiado el asunto en profundidad, y por ello me resulto muy satisfactorio participar como asesor en este tema, que concluyó con la firma de un acuerdo sobre las Condiciones Laborales Mínimas para Docentes e Investigadores Durante la Emergencia del COVID19. En dicho acuerdo paritario participaron por el el ME, el Ministro Trotta, el Secretario de Políticas Universitarias Lic. Perczyk y el Subsecretario de Políticas Universitarias Dr. Albornoz; y por el CIN su Vicepresidente Lic. Tecchi [UNJu], y los demás rectores y representantes designados paritarios por el CIN: Ing. Aiassa [UTN]; Cdor. Sabella [UNER]; Dr. Mazzotta [UNLP]; Cdor. Víctor Moriñigo [UNSL]; Prof. Torlucci [UNA]; Prof. Kusinsky [UNPaz] y Lic. Bartolacci [UNR]. Por el sector docente lo hicieron las representaciones de CONADU, CONADUH, FAGDUT, FEDUN, CTERA, y UDA.
Puedo adelantar en este punto que el acuerdo alcanzado es perfectible, ya que no contempla todas las reivindicaciones planteadas por el sector docente en su propuesta consensuada por las 6 federaciones. El acuerdo alcanzado es acotado en relación a aquella propuesta, pero sin embargo constituye un paso adelante. Las diferencias entre lo propuesto y lo firmado provocó el rechazo del acuerdo por parte de CONADUH.
Debe decirse también, que salvo cuestiones puntuales que analizaré infra, el acuerdo paritario no contiene grandes novedades jurídicas. Los puntos novedosos son precisamente los que han quedado diferidos para su ulterior tratamiento. En paralelo a este acuerdo se conocieron los proyectos sobre teletrabajo que se han presentado al Congreso, que posteriormente en su versión unificada obtuvieron media sanción. Si este proyecto refiere al trabajo privado en relación de dependencia, marca el rumbo a seguir, en tanto que se plasma en ellos los principios específicos aplicables a este tipo de contratación, que desbordan el acotado ámbito de aplicación del sector privado. Es por ello que también puedo adelantar que al menos en su etapa de proyecto este es más avanzados que el acuerdo paritario sub exegesis, ya que se han eliminado de la propuesta consensuada alguno de esos principios centrales relativos al teletrabajo. Cuando cristalice en ley ese proyecto, el acuerdo paritario alcanzado habrá quedado desactualizado y un paso atrás, lo que obligaría a las partes a revisarlo para incorporar, al menos, alguno de los puntos omitidos.

Derechos consagrados
En cuanto a los puntos novedosos que contiene el acuerdo paritario podemos citar que se remarca la condición de excepcionalidad de la actual coyuntura, no planteándose la posibilidad de su continuidad una vez superada la emergencia sanitaria y con el retronó a la presencialidad. Claro está, quedando a salvo el área de educación a distancia preexistente.
Se redefine al teletrabajo docente como Trabajo Docente En Contexto Virtual o No Presencial, entendiéndose como tal a aquel que se realiza desde el domicilio de las y los docentes, o desde otro ámbito sin la presencia de estudiantes, hasta tanto se disponga el restablecimiento de las actividades presenciales en las universidades
En aquellas situaciones particulares que impliquen prestación de forma presencial, las universidades nacionales [UUNN] están obligadas a proveer barbijos, sanitizantes, establecer pestos de control sanitario, controles de temperatura, limpieza y desinfección, respeto del distanciamiento social, entre otras cuestiones.
Los derechos que quedaron consagrados con el acuerdo tienen que ver con el respeto a la intimidad familiar y a los tiempos de descanso que son la base del derecho a la desconexión digital. Deben a tal efecto respetarse estrictamente las cargas horarias de cada docente, según el cargo para el que han sido designados. Esto último en sí mismo es una ratificación de los derechos ya consagrados en el CCT del sector, y, por lo tanto, ya eran exigibles.
Para el sector preuniversitario se agrega el derecho a la pausa virtual, de conformidad con lo que se reglamente para cada universidad en el ámbito de discusiones paritarias particulares.
En cuanto a la estabilidad laboral se llegó a un muy importante acuerdo: prorrogar todas las “designaciones docentes de cualquier carácter vigentes a la fecha de comienzo de la emergencia y mientras se mantenga la situación de excepcionalidad”. Asimismo, se dispuso la suspensión de “las evaluaciones de la docencia universitaria, investigación y extensión, hasta tanto se disponga el restablecimiento de las actividades presenciales”, lo que lleva tranquilidad a numerosos docentes a quienes les ha costado demasiado esfuerzo esta adaptación forzosa.
En cuanto a los derechos inclusivos, se estableció que las universidades deberán establecer un protocolo para la prevención e la violencia de género en el contexto virtual, que vendría a complementar las disposiciones de la Ley Micaela 27499. También se dispuso la obligatoriedad de las UUNN de proveer las herramientas para que puedan desarrollar su actividad los docentes que presenten algún grado de discapacidad. En este punto la redacción es amplia y ambigua cuando se habla de “algún grado”, lo que promete ser materia de controversia. Hubiera sido preferible remitirse a las normas generales en la materia.
En lo relativo a la capacitación, las UUNN se obligan a implementar en lo sucesivo “formación docente en servicio y gratuita para el trabajo virtual durante este período”. Esta cláusula aparece, francamente, tardía a estas alturas, máxime si pensamos que la capacitación gratuita será sólo “durante este período”, cuando estamos muy cerca del receso invernal -que deberá ser respetado- y con miras al retronó a la presencialidad a partir de agosto/septiembre. La necesaria etapa de instrumentación e implementación de estas capacitaciones podrían tornar abstracta esta cláusula en algunas UUNN que no hayan avanzado al respecto hasta ahora.
El retorno a la presencialidad se hará de manera consensuada, y en el marco de las recomendaciones del Consejo creado por la ya citada Res. ME 423/20. Además, las partes se comprometen a reunirse dentro de los 30 días para analizar la evaluación de la emergencia. En esa oportunidad, espero, se avance en las cuestiones que han sido omitidas. Claramente si para entonces ya existe una ley de teletrabajo será difícil resistirse a incorporar los principios básicos de la materia.
Casi como expresiones de deseo se incluyen dos aspectos en cuanto a los recursos tecnológicos: a los efectos de facilitar el desarrollo de sus tareas en la virtualidad los recursos tecnológicos de las UUNN se ponen a disposición de los docentes – pero no se compensan ni reintegran los gastos ocasionados hasta ahora. Además, las UUNN “tenderán a instrumentar plataformas virtuales para el dictado de las clases, y a proveer (…) casillas de correo institucionales y espacio de alojamiento en la nube

Derechos Ratificados
Los derechos de los docentes universitarios y preuniversitarios están contenidos en el Convenio Colectivo de Trabajo [CCT] Dec. 1246/15 que a su vez ratifica el alcance del Acuerdo Paritario homologado por el Dec. 1470/98.
Entre los derechos que han sido ratificados están el respeto a la carga horaria de cada docente, según su designación; la vigencia de la LRT 24557 en materia de riesgos, accidentes y enfermedades del trabajo; el pleno goce y ejercicio de los derechos sindicales [Art. 14 bis CN].
En lo demás se ratifica que los docentes conservan “sus plenos derechos a la percepción del salario según los acuerdos paritarios correspondientes, y a las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo de trabajo”. En este punto se advierte una colisión normativa entre la conservación de los plenos derechos a la percepción del salario acordada y las disposiciones del Dec. 547/20 que dispuso el desdoblamiento en cuotas del pago del medio aguinaldo para todo el sector publico. Entre la previsión paritaria y el decreto referido debe prevalecer para el sector de universitarios y preuniversitarios el acuerdo recientemente plasmado, por ser norma más favorable, porque tiene un carácter tuitivo y mejorativo, y, fundamentalmente, porque el Dec. 547/20 viene a ser regresivo: No puede aplicarse al sector esta disposición, siendo que días antes es el propio Estado el que a través de su cartera de Educación ha garantizado todos los derechos salariales en cuestión. Se sabe, los derechos laborales deben ser progresivos, y no al revés, y, por ende, encontramos aquí  un grave problema que podría llegar a dirimirse en la Justicia

Derechos pendientes de ratificación

En el debe del acuerdo, como ya he ido señalado a lo largo de este comentario, se encuentran:
-Derecho a la Voluntariedad y a Reversibilidad en la elección del teletrabajo por parte de los docentes.
- Si bien las Licencias Franquicias, Justificaciones, Dispensas Y Excepciones ya están contempladas en el CCT y resultan exigibles, dado que existen muchas dudas en torno a su aplicación en la actual coyuntura la representación docente había propuesto incluir una referencia expresa a su plena vigencia, incluyendo también las Licencias Especiales derivadas de la pandemia y aplicables al sector público.
-No se establecieron pautas en lo relativo al Calendario Académico ni a las Evaluaciones Estudiantiles, que tanta polémica vienen generando.
- De la propuesta consensuada se han eliminado referencias directas a
accidentes in itinere
compensación por mayores gastos ocasionados para el dictado de clases virtuales [internet, datos móviles, electricidad, software, hardware, etc]
certificación por el desempeño de docencia virtual, con puntaje para futuras evaluaciones docentes.
En cuanto a la Aplicación e Interpretación del acuerdo se omitieron referencias directas a la Comisión de Seguimiento e Interpretación y a las Comisiones Negociadoras de Nivel Particular de los Arts. 70 y 71 del Anexo I del Dec. 1246/15). También se omitió mencionar el criterio del carácter mejorativo del acuerdo, como pauta interpretativa del mismo.
Debió haberse contemplado la posibilidad de prorrogar los plazos de vigencia de las renuncias condicionadas del Dec. 8820/20 de los docentes en condiciones de jubilarse, así como específicamente de manera excepcional prorrogar un año más la edad jubilatoria máxima (70), para que ningún docente sea dado de baja durante la emergencia por el solo hecho de cumplir la edad, sin haber podido iniciar o finalizar sus trámites jubilatorios.
En el proyectos de ley de  teletrabajo que obtuvo media sanción, se incluye en líneas generales lo que en este acuerdo se excluyó: voluntariedad, reversibilidad, licencias especiales, compensaciones por gastos, etc.  Pero fuera de la propuesta consensuada podemos advertir otras cuestiones que podrían haber sido contempladas -que surgen tanto de los diferentes anteproyectos como del proyecto unificado que obtuvo media sanción- pero que no fueron consideradas, - aunque aún están a tiempo de ser incorporadas en las futuras reuniones de seguimiento-  como por ejemplo no controlar o hacer seguimiento electrónico a los docentes; el teletrabajo no puede aplicarse a monotributistas en locación de servicios; que el docente que tenga tareas de cuidado d personas a cargo pueda compatibilizar su jornada laboral y horarios a esas tareas; participación sindical en los sistemas de control establecidos para cuidar de los bienes e y informacion del empleador para garantizar la intimidad de los trbajadores: etc.

Conclusiones.
Las partes del acuerdo podrían solicitar su homologación a través de un decreto presidencial, según las disposiciones de Ley 23929 y Dec. 1005/95. El acuerdo otorga eficacia erga omnes a lo decidido, como para que ninguna UUNN n representación sindical se considere infrarrepresentada o no alcanzada por el acuerdo.
El acuerdo alcanzado es un avance, no menor, pero si en muchos aspectos insuficiente. Todas las omisiones generarán, sin dudas, controversias varias y posiblemente derivaciones judiciales, si es que no se incorporan a los acuerdos en las próximas reuniones de seguimiento.

Notas:

[1] El teletrabajo del docente universitario en la emergencia sanitaria.  Paz, Aníbal. Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social - Junio 2020 - Ed. ERREPAR
[2] Paz, Aníbal. Op. Cit.


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Profesionales Responsables:

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Gabriela Zurita Donda abogada – escribana - Mat. Prof.: CAC 1-34458 (Cba) - CSJN T° 502 F°465 (Fed) 


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