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jueves, 3 de agosto de 2017

Entrevista a Aníbal Paz sobre modificaciones al régimen jubilatorio

La posible flexibilización de la edad jubilatoria en un año electoral

Para el especialista Aníbal Paz, -históricamente- ni el Estado en sus diferentes gobiernos ni la clase política, los empresarios o los sindicatos han sido parte de la solución sino del problema. Para una exitosa reforma se deberá dejar de lado los dogmatismos y atacar el problema de raíz

Esta semana trascendieron detalles sobre una futura modificación del régimen previsional vigente en la República Argentina. En tal sentido se ha dicho que se pretende que el sistema siga siendo público, pero que se modifique la edad para acceder a los beneficios.
Factor consultó a Aníbal Paz, abogado y especialista en derecho de la seguridad social, quien señaló: “Sin que se llegue a la necesidad de elevar la edad jubilatoria, se está planteando la posibilidad de que ésta se flexibilice. De tal manera, aquellos trabajadores que deseen continuar trabajando cinco años más y lleguen a algún tipo de acuerdo con el empleador, lo puedan hacer”.
Por otra parte, quienes desean retirarse a la edad actualmente vigente lo podrán hacer, aun cuando no cumplan con la totalidad de años de servicios con aportes requeridos, toda vez que se encuentra en estudio un mecanismo que permita complementar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de manera proporcional a la cantidad de años aportados al sistema, graficó el profesional.
Cabe recordar que en el marco de la Reparación Historia de la ley 27260 se dispuso la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que éste elabore un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
A su turno, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional ordenó mediante Res. 188-E/17 la creación de una comisión para la elaboración de un anteproyecto de Código de la Seguridad Social.
- ¿Cuáles han sido los problemas del sistema previsional en el país?
-Los problemas no son nuevos y las recetas que se pretenden aplicar, tampoco. Existen serias dificultades de financiamiento del sistema a futuro, teniendo en cuenta la informalidad del mercado laboral, los cambios demográficos que impactan en la sustentabilidad de aquél, las nuevas realidades del mercado laboral, la alta presión impositiva y el alto costo laboral que impedirían obtener mejores resultados por modificaciones a estas variables. Del otro lado, advertimos que las pretensiones por mayor y mejor cobertura, y mayores tasas de sustitutividad, serían prácticamente incompatibles sin algún ajuste en aquellas variables, si se pretende que el régimen sea autosustentable. En definitiva, nos encontramos en el eterno problema de la manta corta, que no permite solucionar un aspecto sin desatender otro.
-Si bien a la fecha no existe un proyecto concreto ¿qué debería contener la reforma?
-Claramente, deben atacarse todos los frentes, siendo a mi entender insuficiente y un mero paliativo coyuntural el extender la edad jubilatoria, aunque tal medida resulta ineludiblemente necesaria como uno de los aspectos a considerar. También se deberán tener en cuenta la equiparación de la edad jubilatoria de mujeres con los hombres y la reducción de los costos laborales para que las empresas blanqueen personal y permitan -a quien así lo desee- continuar en actividad más allá de los 65 años de edad, tal como se está planteando.
Sencillamente no se advierte cuál podría ser el motivo para que un empresario decida mantener un empleado de mucha antigüedad, “caro”, si es que tiene los años de aportes requeridos. Se habla de un incentivo al empleador ¿y cuál sería ese incentivo? ¿Un subsidio, una rebaja impositiva o en los aportes patronales? ¿y cuál sería entonces el verdadero impacto de esta medida?
Desde la óptica del trabajador, cumplidos los requisitos de edad y servicios, no se avizora cuál sería la mayor ventaja de continuar en actividad, por sobre el esquema actualmente vigente. Tampoco se vislumbra la diferencia con la situación actual, cuando el trabajador no reúne los requisitos para acceder a la jubilación, por faltarle años de servicios. La ley actualmente vigente impide al empresario despedir a aquel que no reúne los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria.
- ¿Qué opinión le merece que el planteo se realice justamente este año?
- En un año electoral, una reforma del régimen previsional se está interpretando en clave política, dentro de la maniquea concepción de la realidad argentina. En esa línea, cualquier movimiento de aquellas variables sensibles, por mínimo que fuera es percibido por un sector como ajuste, liberalismo salvaje, recorte de beneficios sociales y/o favorecimiento al sector empresarial; mientras que desde otro sector se responde que la modificación pretende sanear la economía, reduciendo el déficit, controlando el acceso a los beneficios, promover el blanqueo laboral y la responsabilidad fiscal.
Anhelo
Según Paz, en esta lógica binaria se encuentran verdades a medias en todas las proposiciones porque éstas no se basan en criterios técnicos. Considera que para llegar a buen puerto deberán todos despojarse de prejuicios y dogmatismos inconducentes y atacar el problema de raíz, en una clara política de Estado, de largo aliento, que debe incluir todas las variables señaladas pero sin reducirse a una sola de ellas, y hacerlo de manera razonable y equilibrada, que no sea desnaturalizada por la reglamentación, “algo a lo que lamentablemente venimos acostumbrados”, dijo Paz . Para efectuar un análisis más preciso habrá que estar ante la vista de un proyecto de ley concreto, que permita señalar virtudes y defectos de las medidas que se propugnen, señaló el profesional.
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martes, 1 de agosto de 2017

UNRC: El nuevo Régimen Laboral del Docente Universitario de Universidades Nacionales - Curso de Actualización Profesional

Universidad Nacional de Río Cuarto [UNRC]: Curso de Actualización Profesional: El nuevo Régimen Laboral del Docente Universitario de Universidades Nacionales


El 11/08 el Dr. Aníbal Paz dictará un Curso de Actualización Profesional  titulado  El nuevo Régimen Laboral del Docente Universitario de Universidades Nacionales 


El curso se dicta en el marco del Programa de Capacitación Gratuita de las Universidades Nacionales, y es organizado por la Asociación Gremial Docente de la UNRC [AGD-UNRC] y la Secretaría de Trabajo de la UNRC se llevará a cabo el martes 11 de agosto del corriente en el Campus de la UNRC, a las 14hs. 


TEMARIO

- Convenio Colectivo de Trabajo [CCT]  Dec. 1246/15 de ámbito nacional.-

- Convenio Colectivo de Trabajo  Res. CS 84/2016 de ámbito Local. Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).-

- Situaciones de estabilidad y de precariedad laboral.-

- Incompatibilidades Dec. 1470/98.-

- Novedades en el regímenes de licencias y disciplinario.-

-     Condiciones de Ambiente y de Trabajo.-

- Otras instituciones alcanzadas en la provincia de Córdoba: Universidad Tecnológica Nacional (UTN) [Facultad Regional Córdoba, Facultad Regional Villa María y Facultad Regional San Francisco]; Universidad Nacional de Río Cuarto (UNR ); Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Colegio Nacional de Monserrat (CNM); Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (ESCMG); Universidad Nacional de Defensa (UNDEF) [Instituto Universitario Aeronáutico (IUA).

- Conflictos del CCT con autonomía universitaria Ley 24.521 de Educación Superior, Estatutos, Ordenanzas y  Reglamentos Universitarios.-


DESTINATARIOS:
> Docentes de la UNRC
> Graduados y alumnos avanzados del Dpto. de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC


Ver Entrevistahttps://youtu.be/KXSwvbDqJ5A


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miércoles, 5 de julio de 2017

Doctrina El Convenio Colectivo De Los Docentes Universitarios de Universidades Nacionales

El Convenio Colectivo De Los Docentes Universitarios: Vigencia Erga Omnes Y Jerarquía Normativa

Publicado en Temas de Derecho Laboral. Julio/2017. Ed. Errepar




          ABSTRACT:
         El 2/7/2015 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 1246/2015, que homologa el CCT del sector de Docentes Universitarios (Anexo II) y Preuniversitarios(1) (Anexo I) de todas las universidades nacionales (UUNN) del país, negociado por la patronal a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todos los rectores de Sistema Universitario Nacional, y, por la parte trabajadora, las seis federaciones que involucran a los docentes universitarios: CONADU, CONADUH, FAGDUT, FEDUN, CTERA y UDA. La redacción final del texto deja mucho que desear, en ciertos puntos es ambigua e incompleta.  


              El objetivo de este extenso  comentario, gira en torno a la necesidad de establecer si el CCT celebrado tiene carácter erga omnes y por ende está vigente para todas las UUNN, o bien solo tiene una validez limitada, como pretenden algunas universidades. A renglón seguido deberá determinarse su estatus jurídico en relación con los estatutos universitarios.
Solo respondiéndose a estos primeros interrogantes se podrá avanzar en análisis de la enorme casuística existente, lo que  terminará de definir, pretorianamente, el alcance de los derechos laborales en juego, y que fueran expresamente consagrados por el CCT, recortando en paralelo el alcance de la autonomía universitaria.


INDEX:

I. Antecedentes
II. La Normativa Aplicable Al CCT
III. Las Reservas Al CCT
-                     El decreto homologatorio comprende solo al Acuerdo de partes
-                     Validez del acuerdo sujeto a homologación, antes de su homologación
-                     La fecha de la vigencia es materia de debate
IV. Primacía De Los Derechos Laborales Y Colectivos Sobre La Autonomía Universitaria
-                     La fuerza de un CCT
-                     La Autonomía Universitaria Tiene Límites
-                     Jerarquía normativa del CCT frente a la autonomía
V. Cuestiones Pendientes
VI. Conclusiones

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lunes, 3 de julio de 2017

Diplomatura de Posgado

Diplomatura de Posgado en "Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo"

El  Dr. Aníbal Paz disertará en el marco de la  Diplomatura de Posgado en "Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo" organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba

Ver el temario y el cronograma en la imagen adjunta.





Fecha de inicio: 04 de agosto de 2017
Directora: Prof. Dra. Rosa Elena Bosio
Modalidad de cursado: Presencial
Días y Horarios: Viernes de 17:30 a 21:30hs. 


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lunes, 19 de junio de 2017

El nuevo Régimen Laboral del Docente Universitario de Universidades Nacionales - Curso de Actualización Profesional

Curso de Actualización Profesional: El nuevo Régimen Laboral del Docente Universitario de Universidades Nacionales


El 01/08 el Dr. Aníbal Paz dictará un Curso de Actualización Profesional  titulado  El nuevo Régimen Laboral del Docente Universitario de Universidades Nacionales 


El curso se llevará a cabo el martes 1° de agosto del corriente en el salón del 5° Piso del Colegio de Abogados de Córdoba, a las 16hs. 


TEMARIO

- Convenio Colectivo de Trabajo [CCT]  Dec. 1246/15 de ámbito nacional.-

- Convenio Colectivo de Trabajo  Res. HCS 1222/2014 de ámbito Local. Universidad Nacional de Córdoba (UNC).-

- Situaciones de estabilidad y de precariedad laboral.-

- Conflictos del CCT con autonomía universitaria Ley 24.521 de Educación Superior, Estatutos, Ordenanzas y  Reglamentos Universitarios.-

- Incompatibilidades Dec. 1470/98.-

- Novedades en el regímenes de licencias y disciplinario.-

- Otras instituciones alcanzadas en la provincia de Córdoba: Universidad Tecnológica Nacional (UTN) [Facultad Regional Córdoba, Facultad Regional Villa María y Facultad Regional San Francisco]; Universidad Nacional de Río Cuarto (UNR ); Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Colegio Nacional de Monserrat (CNM); Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (ESCMG); Universidad Nacional de Defensa (UNDEF) [Instituto Universitario Aeronáutico (IUA).-     


Para mayor información:
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Ver la difusión del evento en en website del Colegio de Abogados de Córdoba: CLICK AQUI

viernes, 9 de junio de 2017

Charlas Informativas en la UNLU

Charlas informativas en la UNLU sobre Jubilaciones Docentes Universitarios,  Preuniversitarios y No Docentes

El 21/6 el Dr. Aníbal Paz dará dos  charlas en la Universidad Nacional de Lujan (UNLU) sobre Jubilaciones Docentes Universitarios,  Preuniversitarios y No Docentes.


Los horarios son los siguientes: a las 10hs en la Sede Central de la UNLU en Lujan (Auditorio)  y a las 15hs en la Sede San Fernando (Aula B).


Para mayor información, y para solicitar y confirmar turno para consulta profesional:
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Ver la difusión del evento en en website de la UNLUhttp://www.prensa.unlu.edu.ar/?q=node/4003

jueves, 11 de mayo de 2017

Análisis: Los desafíos de la codificación de la seguridad social

El Futuro Código De La Seguridad Social

Por Aníbal Paz
Abogado Especialista en Derecho de la Seguridad Social


  Publicada en Comercio y Justicia, el 11/05/2017

Más de 22 años después de la reforma constitucional se pone en marcha la enorme tarea que supone redactar un anteproyecto para la futura sanción del Código De La Seguridad Social. Las seguridad social resulta una materia tan amplia que incluye, entre otras, áreas tan complejas como el  Régimen de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241), el Régimen de Obras Sociales (Ley 23.660), el Fondo de Desempleo (Ley 24.013), el Régimen Riesgos del Trabajo (Ley 24.457) y el Régimen de Asignaciones Familiares (Ley. 24.714).
El Art. 75 Inc. 12 de la Constitución Nacional, dice: “Corresponde al Congreso (…) Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales (…)”. El cumplimiento de lo que prescribe ésta cláusula es lo que se pretende con la sanción del código en cuestión. Se hace notar que habiendo pasado más de 20 años desde la última reforma constitucional el Congreso se ha mantenido inactivo al respecto.
Tan sólo el apartado previsional de la Seguridad Social es un mundo en sí mismo, con miles de normas, -que no sólo incluye leyes o decretos, sino también resoluciones, dictámenes y circulares internas de ANSES o resoluciones conjuntas con otros organismos, todos con fuerza normativa- que ni siquiera han podido ser completamente recopiladas en el Digesto Jurídico Argentino [Ley 26.939]. Es más, atento a la imprescriptibilidad del derecho previsional, puede afirmarse que el Digesto no sólo no ha ordenado la materia, sino que ha generado aún más complicaciones, generando dudas sobre la vigencia y el alcance de unas 800 normas que fueron omitidas. El detalle y la ampliación del asunto lo dejaré para otro comentario, toda vez que tratarlo en su debida profundidad y complejidad así se amerita. No obstante lo dicho, el asunto sólo ha sido traído a colación para ilustrar la dificultad que la tarea de generar un código en la materia puede acarrear. Lo mismo puede decirse del sistema de Riesgos del Trabajo, actualmente en una etapa de reforma altamente cuestionada.
En efecto, de las propias consideraciones de la Resolución, que se transcriben más abajo surge con claridad la dificultad normativa existente en la actualidad, con confusiones, contradicciones y lagunas normativas varias.
Así las cosas el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 75 Inc. 12 de la Constitución Nacional ha dispuesto mediante Res. 188-E/2017 la creación de una comisión para la elaboración de un anteproyecto de Código de la Seguridad Social.

Entre las consideraciones de dicha resolución puede leerse:
"(...) la legislación (...) ha sido a todas luces deficiente e injusta, generando nuevas e importantes alteraciones interpretativas que complican su conocimiento y aplicación.(…)
(...) dicha confusión se produce, entre otras causas, por la superposición de reglas contradictorias o de dificultosa hermenéutica. Esta lamentable circunstancia nutre a los tribunales competentes generando ese verdadero castigo social que son los centenares de miles de casos litigiosos que rebasan sus estanterías (...)
(...) el aludido desorden confunde al ciudadano y crea dudas, cuando no desaliento, respecto a si los derechos a la cobertura social que la Constitución y las leyes le acuerdan, serán respetados (...)
(...) la mencionada incertidumbre es una de las principales aliadas de la informalidad laboral (...).
(...) el escenario trazado torna necesario proceder a ordenar el plexo legal vigente y debe iniciarse la tarea por lo más importante, es decir, procediendo a dictar el Código de fondo que establezca con claridad los riesgos a cubrir y contenga los principios generales y rectores de los derechos y obligaciones de todos y cada uno de los sujetos comprendidos y obligados, todo ello sin sustituir la legislación especial.(...)
(...) deberá tenerse en cuenta los procesos de armonización de la legislación nacional y provincial (...) también, los convenios internacionales en dicha materia (...)"

Podemos decir que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si el mismísimo organismo de aplicación de todas estas materias reconoce tan cándidamente el problema normativo vigente, entonces podemos afirmar que el primer paso de la superación del problema ha sido dado, esto es, reconocer la propia existencia del problema, y ponerlo por escrito sin ambigüedades. El texto de la resolución transcripto resulta además de gran utilidad para exhibir a los clientes de los despachos profesionales para que conozcan con claridad a lo que estamos expuestos cuando lidiamos con estas cuestiones. 

La Comisión en cuestión entonces deberá tratar los siguientes aspectos vejez, invalidez, sobrevivencia; asignaciones familiares y de maternidad; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; desempleo, asistencia médica y monetarias por enfermedad, a los fines de dar las bases y sentar principios generales sobre los que deberá versar la codificación de todo esos institutos. A tales fines la Comisión se integrará con expertos en las distintas materias, quedando facultada a su vez para realizar consultas a diferentes instituciones, magistrados y personalidades que se estime necesario.

            Resulta que, aun aplaudiendo la medida, soy profundamente escéptico sobre el resultado que pudiere arrojar. Claramente la experiencia acumulada apoya mi escepticismo, toda vez que los cambios normativos, en tan vastas y dispersas materias probablemente generarán nuevos inconvenientes normativos tal como ha sucedido en las recientes experiencias codificadoras. Las primeras dudas que me asaltan en esta instancia tienen que ver con lo mismo de siempre: ¿Quiénes serán los “expertos” convocados”? ¿Pertenecerán a todos los sectores y serán verdaderos expertos, o serán “los mismos de siempre” que conocen en profundidad sólo algún tema pero opinan como expertos sobre todos los demás? ¿Qué instituciones serán consultadas? ¿Sólo la Justicia y los departamentos de Gobierno y entidades oficiales? ¿O también sindicatos, fundaciones y ONGs? ¿Tendrán voz en esta oportunidad los Colegios Profesionales a través de sus salas especializadas? ¿Se tratará de una codificación académica y profesional, o meterá la cola el diablo de la política?

La tarea que tiene encomendada esta Comisión es ciclópea, y de no hacerse debida y acabadamente podrían mantenerse, o lo que es peor, multiplicarse, los problemas que se pretenden resolver con su propia creación. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro, es que sea cual fuere el resultado, ríos de tinta se volcarán en comentarios y observaciones.


Leer la entrevista desde la página de Comercio y Justicia (La entrevista publicada en el Diario ha sido editada y recortada por cuestiones de espacio. El texto completo y original de la misma es el que se lee en este post)

ACTUALIZACIÓN del 12/06/2017:

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 395-E/2017Ciudad de Buenos Aires, 30/05/2017

ARTÍCULO 1°.- Desígnase en calidad de miembros de la COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, creada por la Resolución MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL N° 188–E del 31 de marzo de 2017, a los siguientes expertos: Dra. Lilia Mabel MAFFEI de BORGHI (M. I. N° 6.478.505), Dr. Bernabé Lino CHIRINOS (M. I. N° 4.154.869) y Dr. Félix Roberto LOÑ (M. I. N° 4.171.160), quienes desempeñarán su labor “ad honorem”. Fecha de publicación 09/06/2017


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jueves, 22 de septiembre de 2016

Entrevista al Dr. Aníbal Paz sobre dificultades en la Reparación Historica

Alertan sobre inconsistencias en el Programa de Reparación Histórica

Entrevista Completa, Comercio y Justicia 22/09/2016 
[Para ver la entrevista editada y finalmente publicada en Comercio Y Justicia, click Aquí]

Para Aníbal Paz, especialista en derecho previsional, el jubilado y pensionado debe interiorizarse con calma antes de adherirse ya que éste tiene un plazo de vigencia de tres años. Asimismo, pone en aviso a quienes tienen aportes como autónomos y a aquellos con haberes superiores a los topes
A poco de su puesta en marcha, ya se evidencian las primeras dificultades en la implementación práctica del Programa de Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados dispuesta a través de la ley 27260.

“A modo de introducción debe destacarse que la ley 27260 aún se encuentra en etapa de reglamentación. Al decreto 894/16 siguieron las resoluciones de la Anses 305/16 y 306/16 y numerosas circulares DP: 26, 27, 32, 37, 3845, 46, y 47, entre otras. A ello podría agregarse el decreto 807/16. Todo este conjunto normativo se encuentra actualmente en permanente estado de reglamentación, debido a que aún existen puntos oscuros y sin atender. Como puede advertirse, tanta reglamentación sólo puede significar una cosa: complejidad”. Así lo señaló Aníbal Paz, abogado, especialista en temas previsionales.

-¿Cómo se está realizando la adhesión y cuáles son las dificultades?

- La página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presenta, al menos hasta el momento, numerosos errores y “se tilda” frecuentemente. Esto se debería -según los expertos en sistemas- a tres factores concomitantes: el primero de ellos es que los técnicos de dicho organismo están implementando cambios constantemente en la web; el segundo sería el enorme tráfico que tiene la página en determinados horarios, lo que a su vez evidenciaría el tercer inconveniente: los servidores de la Anses no serían suficientes para tamaño esfuerzo. Todas estas complicaciones técnicas y prácticas, que no hacen diferencia alguna en cuanto al contenido en sí mismo del programa de reparación, contribuyen a generar ansiedad desmedida en los jubilados y operadores. Paralelamente, se deterioran las condiciones de trabajo de los empleados, se demoran los turnos de atención, lo que a su vez colapsa las Unidades de Atención Integral (UDAI). Estas condiciones de trabajo inadmisibles han causado la reacción de los sindicatos del sector, que en las últimas semanas han planteado asambleas, lo que a su vez determina una causa más que confluye en las demoras de atención al público.
Otro inconveniente se advierte cuando el jubilado tiene que registrar su huella digital, como requisito ineludible para avanzar con el trámite de reparación. Los jubilados deberían registrar su huella en los bancos en donde perciben sus haberes mensualmente. Sucede que no todos los bancos tienen sistemas para el registro de esas huellas, y esa circunstancia obliga a concurrir al jubilado a las distintas UDAI a los fines de formalizar ese trámite. Pero durante los primeros días del programa quedó en evidencia que no todas las UDAI tenían sistemas de registro, o si los tenían estaban disponibles en solo algunos boxes de atención.

-Más allá de los inconvenientes técnicos que menciona, ¿existen otros que tienen que ver con una cuestión más de fondo?

-Sí, la semana pasada comenzaron a dejarse ver las propuestas a través del Procedimiento Abreviado para Ajustes Anticipados del Haber. Éstos están diseñados para que en ciertos casos, los jubilados comiencen a cobrar inmediatamente el ajuste que les corresponda. Así, quienes sin haber iniciado juicio, cobran y el resultado del ajuste determine un haber inferior a dos veces y media de la jubilación mínima vigente, y que cumplan con alguno de los otros requisitos -ser mayor de 80 años de edad, tener una enfermedad grave, que el ajuste sea inferior a 30% del valor de la jubilación mínima vigente- podrán percibir de inmediato el ajuste que les corresponda, debiendo suscribir los acuerdos con la Anses con posterioridad -en un período de seis meses-. Así, con el mensual de septiembre muchos jubilados cobrarán automáticamente el ajuste. Sin embargo, francamente, en la mayoría de estos casos estos ajustes han sido decepcionantes. Más aun, se encuentran “disfrazados” dentro de la pauta de movilidad, como para dar una apariencia de mayor reajuste.

-¿Podría ejemplificar lo dicho?

-Sí, un caso concreto que tengo a la vista es el de un jubilado que en agosto percibió una jubilación bruta de $10.134,95, y en el mes de septiembre cobrará $11.842,26. Esto, a simple vista, da la sensación de un aumento por reparación de unos $1.707,31, lo que significaría un incremento de 15% aproximadamente. Sin embargo, resulta que en realidad el haber de agosto tiene un incremento por movilidad de 14,16% y en consecuencia el ajuste por reparación es sólo de $272, lo que es bastante alejado del promedio de 30% de ajuste prometido. Aquí encontramos entonces la primera “trampita” del sistema: al liquidarse los menores ajustes de manera automática junto con la movilidad queda en el universo de jubilados alcanzados la “sensación” de un gran aumento. Además, según los parámetros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el ajuste debería ser tres a cuatro veces superior al realizado.

-¿Cuál ha sido la actitud del jubilado en términos generales, frente al programa de reparación?

-El jubilado viene con la idea de que debe realizar todo el trámite de manera inmediata y aceptar ya mismo cualquier oferta de Anses, por miedo a perderla. Lo que no se comunica correctamente es que el programa tiene un plazo de tres años de vigencia, con lo cual no resulta imprescindible aceptar de manera inmediata, máxime cuando se tiene en cuenta que por más que se acepte inmediatamente, después el organismo pagará los ajustes de acuerdo con un orden de prelación determinado. Esto significa que van a existir casos en que por más que la aceptación sea inmediata y el trámite judicial electrónico haya terminado, el pago se formalizaría recién en 2017 o 2018. También se está comunicando que de manera equivoca que la ANSES está dando este gran beneficio a quienes acepten la propuesta. Lo que no se comunica adecuadamente es todo aquello a que deben renunciar los jubilados para acceder a la reparación. Como se sabe, los ajustes se harán con pautas que no son las que establece la CSJN y quienes acepten deberán renunciar a todos sus derechos de futuros reclamos. Entonces, sabiendo que la urgencia siempre va en contra de la prudencia, recomiendo enfáticamente a cada jubilado que se tome su tiempo, que haga analizar su caso con un profesional especialista, que efectúe los cómputos precisos y que en todo caso preste un consentimiento informado a la propuesta que efectúe Anses.
No es cuestión de renunciar a la ligera a los derechos en juego, por más que a veces sea mejor "un pájaro en mano que cien volando".

Otros segmentos

Según Paz, la Reparación conviene en algunos casos por sobre un juicio y viceversa, dependiendo de numerosas variables.Quienes deberían prestar más atención y cuidado con su aceptación son quienes tienen haberes superiores a los diversos topes o quienes tienen aportes como autónomo. Asimismo, agrega: “También se han advertido demoras en dar precisiones sobre casos que se encuentran alcanzados por la reparación, como aquellos que están jubilados por regímenes provinciales cuyas cajas fueron transferidas a la Nación. Además se advierte que las prestaciones por Simultaneidad Docente, de la ley 26508, se encuentran excluidas de la reparación, pese a que -de acuerdo con la forma de la liquidación de dicha prestación deberían incluirse. Por ello estimo que estos casos llegarán muy pronto a Tribunales”.

Ínfima regulación. La polémica de los honorarios

Diversas asociaciones de profesionales han acudido a tribunales por ese motivo. ¿y cuál es el eje de la disputa? La ínfima regulación de honorarios que pretende realizar ANSES, que contraria todas las disposiciones legales en la materia. Originalmente se había previsto que la ANSES pagaría $500 en concepto de honorarios a los abogados por cada trámite, más los gastos que su intervención requiriese. A través de la Res. 306/16 ese monto quedo establecido finalmente en la suma de $1.141,60, en concepto de gastos y honorarios. Pero sucede que esos valores son inferiores a todos los mínimos que establecen las leyes arancelarias. A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, por Ley 5134 tan sólo la consulta verbal mínima inicial está tasada en $ 612,15 [0,5 UMA]  y el bono de derecho fijo sale $90. En Córdoba, en tanto, la consulta verbal mínima, según Ley 9459 es de $1.018,64 [2 IUS], pero a ello deben adicionarse los aportes colegiales ($300) y previsionales ($744 a $1837,50, según el caso).

Afirma Paz: “esos son los valores tan solo de una consulta verbal. Si se pretende que un profesional ponga en riesgo su matrícula, y exponerse a casos de mala praxis profesional por esa suma irrisoria, vamos por el camino equivocado. Como he dicho antes, cada jubilado debe RENUNCIAR a sus derechos para acceder a la reparación. Para hacerlo, no debería obrarse con ligereza sino que el caso debería ser objeto de análisis, cómputos, estudio del expediente administrativo y un largo etcétera, a los fines de que esa renuncia se efectúe con un consentimiento informado. Si nos guiamos por los parámetros de las leyes citadas, el honorario profesional treparía cuanto menos a $10.000, y de allí que los abogados en general pactan cobrar  sumas equivalentes a entre uno y dos haberes jubilatorios, dependiendo de la complejidad y el monto del ajuste de cada caso. La Ley 17.040 establece la posibilidad del cobro de hasta dos haberes jubilatorios”.

Para el especialista, “debe advertirse que -en casos de transacción, como los acuerdos que deben firmarse con Anses- la ya largamente desactualizada ley 21839 establece un honorario equivalente a 20% del monto objeto del acuerdo, para los casos en que existen retroactividades. El citado organismo informa a los jubilados que no deben pagar nada a los abogados; ante tal situación, los jubilados deambulan por los despachos jurídicos en busca de un letrado que no les cobre, lo cual resulta prácticamente imposible, siendo que el honorario de la plaza está establecido en la práctica en una suma que va desde un haber hasta dos haberes ajustados. Esta situación genera que los jubilados, claro está, se vean forzados a elegir un profesional especializado, que cobrará por sus servicios, o tal vez un abogado inexperto o necesitado que hará el trámite por lo que paga Anses.

                                                
Estudio Aníbal Paz & Asoc.
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