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jueves, 12 de noviembre de 2020

La sustentabilidad del sistema no pasa por la Movilidad Jubilatoria

 La sustentabilidad del sistema no pasa por la Movilidad Jubilatoria

Por Aníbal Paz, publicado el 12/12/12 en Factor, Ed. Comercio y Justicia.-

Explicar brevemente la nueva propuesta de movilidad jubilat
oria no es difícil. Lo que resulta una misión casi imposible es verla como positiva para la clase pasiva. Sostenida en la retórica de sustentabilidad del sistema –el mismo argumento utilizado para la fórmula de movilidad de 2017- advertimos que sólo se trata de un eufemismo por un nuevo ajuste previsional, que generará un renovado agravio a los jubilados.

La fórmula propuesta pretende otorgar movilidad semestralmente, cuando actualmente se hace de manera trimestral, y elimina la variable de inflación [IPC] para su determinación. La movilidad en los meses de marzo de cada año se calculará en base al 50% de la evolución salarial [RIPTE] del semestre anterior, y el 50% de la recaudación tributaria [RT] con destino al financiamiento de la seguridad social correspondiente al mismo periodo. En los meses de septiembre la movilidad se determinará de la misma manera, pero con un tope: no podrá superar en 3% la RT.

Cualquier jubilado conoce que en nuestro país el verdadero flagelo de la economía es la inflación. No en vano la fórmula de movilidad de Ley 26417, llamémosla movilidad “CFK”, incluía la variable IPC en su determinación, lo mismo que la formula “MM” de Ley 27426. Es así que eliminar la variable IPC de la nueva fórmula, ello implica desde el punto mismo de largada una promesa de pérdida en la carrera de largo aliento contra la inflación. Las formulas atadas a la RT o a salarios pueden ser muy buenas en teoría, pero en la práctica arrojan resultados desfavorables cada vez que el ciclo económico dispara la inflación, lo que a su vez hace correr desde atrás a los salarios, o cuando se reduce la recaudación.

El quid de la cuestión reside en que la fórmula de movilidad jubilatoria no debe ser considerada nunca como una condición para la sustentabilidad del sistema previsionalLa sustentabilidad del sistema no puede girar en torno a la movilidad cuyo único fin y razón de ser es, precisamente, mantener el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones frente a la inflación.  En efecto, puede leerse en la Ley 27541 que en su Art. 55 in fine que la nueva fórmula de movilidad debe asentarse en los principios de solidaridad y redistribución, no así en el de sustentabilidad. Por ello, la sustentabilidad del sistema debe buscarse en otros aspectos: la relación de activos/pasivos, la edad jubilatoria, la tasa de sustitución, el control de la evasión y el trabajo no registradointer alia.

En un breve repaso podemos advertir que antes o concomitantemente con cada nueva fórmula de movilidad se ha producido un ajuste, bajo eufemismo de sustentabilidad, y con promesas de futura recuperación del poder adquisitivo, futuro que nunca termina de llegar, porque se cambia la formula volviéndose al punto de partida. Veamos pues: entre 2004 y 2009 la movilidad “NK” fue discrecional, por decreto, y con achatamiento de la pirámide de las jubilaciones otorgando mayores aumentos a las mínimas. Luego del semejante ajuste-reconocido por la Corte Suprema en Badaro I y II- vino la movilidad CFK Ley 26.417. Esta funcionó razonablemente bien, salvo en 2014 y 2016, ya que los aumentos acompañaron en líneas generales la inflación, los salarios y la recaudación. Para funcionar bien esta formula requirió contemplar IPC o RIPTE, y aplicar de ellos el mayor en cada semestre. El problema es que, como ya dije, no es propiedad de la fórmula de movilidad la concreción de la sustentabilidad del régimen, ya que en el periodo de su vigencia el gasto previsional tuvo un gran salto- producto de las moratorias- lo que tornó insustentable el régimen, por más que la fórmula de movilidad fuese correcta. Un problema adicional que se hizo presente durante la vigencia de la formula CFK era que los datos necesarios para su cálculo jamás se publicaron de manera completa, lo que dificultó enormemente su análisis y afectó su previsibilidad. Es así que llegados a 2017, y luego de un nuevo salto en el gasto previsional producto de la Reparación Histórica, hubo de cambiarse ante la necesidad de recortar el gasto, y por ello la formula MM Ley 27426 produjo el ajuste en el empalme entre ambas fórmulas, ocurrido en marzo/18, para funcionar en lo sucesivo de acuerdo a 70% IPC y 30% RIPTE. La fórmula MM tuvo resultados paupérrimos durante 2018 y 2019, pero la disparada inflacionaria hizo que de ella se esperase un repunte para 2020 que se iba a traducir en una leve recuperación del poder de compra.  Es por ello que en diciembre 2019 se sanciona la Ley 27541, que suspende aquella fórmula y permite la movilidad por decreto, a la que llamaremos “AF-DNU”, con promesa de sancionar una nueva ley de movilidad, que es la que analizo en este comentario, y a la que llamaré movilidad “AF-Ley”. Así las cosas, la AF-DNU concretó el ajuste previo a la nueva fórmula, por la vía de aumentos discrecionales con achatamiento de pirámide, lo que quedó muy evidente dado que la formula MM suspendida era previsible y se puede calcular con datos disponibles cual hubiera sido su resultado. En definitiva, la MM para el año en curso hubiera otorgado mayores aumentos que la AF-DNU, aun cuando ya se está proyectando que para diciembre la AF-DNU otorgaría un par de puntos porcentuales más de las que hubiera otorgado la MM.

En definitiva, la AF-Ley proyectada no incluye ninguna protección contra la inflación, pese a que en proyectos previos estaba previsto un bono para compensar sus efectos en determinados casos, ni permite la recuperación de lo perdido en los últimos años. En todo caso podría funcionar razonablemente en algún momento cuando todos los planetas económicos queden alineados, lo que se sabe que es una verdadera quimera en nuestra amada Argentina. Habiendo repasado el ciclo histórico de los últimos años podemos intuir que en cuanto la AF-Ley amenace con permitir la recuperación será nuevamente cambiada eufemísticamente para sustentar el sistema, aunque ya hemos visto que la sustentabilidad del aquel debe buscarse en otros aspectos, mas nunca en la fórmula de movilidad.

 Regímenes Docentes y Especiales

Por último y a raíz de numerosas consultas recibidas debo aclarar que los regímenes especiales que tienen índice de movilidad propio, esto es los Docentes (Dec. 137/05), los Universitarios (Ley 26508), y los regímenes de Magistrados, Diplomáticos, Guardaparques y de Luz y Fuerza no se verán afectados directamente. De manera indirecta todos ellos podrían quedar afectados por la nueva fórmula, en la medida que a estos casos se les aplican todos los valores de referencia que están vinculados con la Movilidad General, como por ejemplo el Tope por Haber Jubilatorio Máximo.

En cambio, en la nueva fórmula AF – Ley estarían comprendidos los Investigadores y Científicos (Dec. 160/05), los Universitarios que gocen de Prestación por Simultaneidad, (Ley 26.508 + Ley 24.241), o de Haberes Conjuntos (Ley 26.508 + Dec. 160/05), ya que en todos estos casos se rigen por el índice general de movilidad. Los Docentes Universitarios de Universidades Privadas, los Docentes Privados (No adscriptos a Enseñanza Oficial) y el Personal No Docente de Universidades Nacionales, entre otros, por regirse por el régimen general de Ley 24.241 también estarán afectados.

 Conclusiones

De lo expuesto se evidencia que sistemáticamente el Estado, a través de todos sus gobiernos, ha atacado a la clase pasiva con ajustes por vía de movilidad jubilatoria, bajo el eufemismo de sustentabilidad. El Estado, en cambio, no ha tomado ninguna de las medidas necesarias – ya señaladas- para avanzar en la sustentabilidad del sistema previsional, presumiblemente por el alto costo político que ellas traen consigoy con ello traslada a la clase pasiva las consecuencias de la falta de idoneidad y de la mala praxis de la casta política. Por lo señalado estimo que, con claridad, nos encontramos ante un supuesto de violencia patrimonial contra las personas adultas mayores perpetrada por el Estado, según las definiciones brindadas por la Convención Interamericana Sobre Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores (Ley 27.360).

Es de esperarse, en definitiva, que la formula AF-Ley más temprano que tarde sea cuestionada en los estrados judiciales.-

 

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martes, 10 de noviembre de 2020

Edadismo crediticio en contra de docentes universitarios

 Edadismo crediticio en contra de docentes universitarios

Por Aníbal Paz publicado en  Leyes y Comentarios el 17/11/20  Ed. Comercio y Justicia

En el marco de los numerosos reclamos de los docentes universitarios en el contexto actual, casi todos desatendidos, se creó un Programa entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Banco Nación [BNA] para la adquisición de computadoras personales con tasa bonificada para docentes universitarios.

El crédito es a tasa fija 12% TNA [CFT  15,77% TEA] por un monto de hasta $150.000 para docentes que cobren sus haberes en el BNA, y de hasta $125.000 para quienes no lo hagan. El plazo único para cancelar el crédito es de 36 meses en cuotas fijas y no podrá afectarse más del 30% de los ingresos netos del solicitante. El destino del crédito es la adquisición de PC de escritorio, notebooks y tablets, sólo de aquellas empresas que participen en el Programa, no permitiéndose la adquisición de más de un equipo por persona. [1]


El programa está destinado a Docentes universitarios que se desempeñen en universidades de gestión pública que no se encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, y/o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito y que no superen la edad máxima prevista para la jubilación en el régimen que pertenecen al momento de cancelación del préstamo.

 Discriminación a los adultos mayores en función de su edad

 Siendo que el crédito está previsto en un plazo único de 36 cuotas, ello implica que un docente con 62 años de edad cumplidos no puede acceder al crédito, porque al momento del pago previsto para la última cuota superaría edad máxima prevista para la jubilación. El problema es que el BNA considera como límite etario la edad máxima de referencia que se usa para todo tipo de crédito y por ende la fijó en 65.

Por un lado, advertimos un serio error, ya que la edad máxima prevista para la jubilación en el régimen que pertenecen es de 70, conforme lo establece la Ley 26.508, con lo cual la edad máxima para solicitar el crédito debería en todo caso ser fijada en 67. [Podría argumentarse que la edad de 70 es optativa, pero así también lo es la edad jubilatoria de mujeres que está establecida en 60, y no obstante ello se ha fijado el límite en el máximo permitido de 65. Podría argumentarse lo mismo en relación con el Art. 252 LCT 20.744 según Ley 27.426 que también establece opción hasta los 70.] Este error deja sin posibilidad de acceder al programa a numerosos docentes adultos mayores, que quedan en inferioridad de condiciones, cuando aún tienen por delante hasta 8 años de trabajo antes de acceder a su jubilación. Este grupo de adultos mayores, por no ser nativos digitales, probablemente sea el más necesitado de acceder a nuevos equipamientos.  En definitiva, para superarse el error la edad máxima de referencia para el otorgamiento del crédito debería ser 70 años de edad.


Pero desde otra óptica, cabe preguntarse si este tipo de crédito con limitación en función de edad se ajusta a la normativa vigente en materia de derechos humanos y del CCT aplicable. No se trata de un crédito cualquiera, sino uno previsto para acceder a una herramienta de trabajo imprescindible en el contexto de trabajo virtual con que se está desarrollando la actividad docente. Resulta interesante entonces cuestionar si debería existir distinción entre los trabajadores en función de su edad para acceder a herramientas de trabajo, ya que esa distinción pone en peligro el derecho a la igualdad, a la igualdad de oportunidades, entre otros, garantizado en la Convención Para La Protección De Los Adultos  Mayores

Pongamos en claro que la restricción en función de edad para créditos en general es en principio razonable. Ahora bien, si se trata de un crédito para acceder a una herramienta de trabajo esencial en el contexto actual entiendo que esa restricción deviene antiigualitaria, e impide el ejercicio pleno del derecho a trabajar, vulnerando derechos de un amplio sector de docentes. Esto ya fue anticipado cuando expresé:  el paso a la virtualidad de la prestación docente tiene la potencialidad de anular la igualdad de oportunidades de toda una amplia franja de docentes no nativos digitales, fundamentalmente los adultos mayores”[2]

El CCT del sector docente universitario, homologado mediante Dec. 1246/15 en su Art. 23, por caso, dice: “Las universidades nacionales se encuentran obligadas a (...)eliminar cualquier norma, medida o práctica que pudiera producir arbitrariamente un trato    discriminatorio o desigual fundado en razones (...) edad (...) como también respecto a cualquier otra acción, omisión, segregación, preferencia o exclusión que menoscabe o anule la igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el acceso al empleo como durante la vigencia de la relación laboral. Ciertamente como las universidades no pueden determinar los requisitos de acceso a los créditos bancarios, al menos deberían prever la exclusión señalada y tomar medidas para eliminar el edadismo, ya que en paralelo están obligadas o bien a proveer los medios para la realización de sus funciones [Art. 20 CCT], o bien a reintegrar gastos [Art. 21 CCT], y en todos los casos a  garantizar las “adecuadas condiciones funcionales que posibiliten el normal desarrollo de la labor académica  [Art. 41 CCT]. Entonces a mi entender, las Universidades Nacionales deben necesariamente resolver la situación de los docentes que han quedado al margen del crédito en cuestión por su edad.

Desde otro ángulo, al impedirse el acceso a la herramienta necesaria para desarrollar su función docente, advierto un menoscabo al derecho de enseñar (art. 14 CN) y consecuentemente al derecho a trabajar (art. 14 CN).   Aquellos docentes que con 62 años de edad no pueden acceder al crédito que les permita contar con la herramienta de trabajo imprescindible para atravesar la actual crisis, y que tengan intenciones de jubilarse a la edad máxima permitida (70), verán además afectado su proyecto de vida, ya que deberán o bien hacerse cargo de su propio equipamiento con menoscabo económico, o bien trabajar en inferioridad de condiciones hasta esa edad, o bien verse forzados a jubilarse antes de dicha edad por no poder desarrollar sus funciones en adecuadas condiciones. Debe señalarse que el daño al proyecto de vida es un rubro resarcible conforme al Art. 1738 del Código Civil y Comercial [CCyCN] y en tal sentido es un daño que debe prevenirse [Art. 1710 CCyCN]. El daño al proyecto de vida, que normalmente resulta irreparable o de muy difícil reparación, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, lo que está íntimamente asociado al concepto de realización personal.

El proyecto de vida de una persona también se vincula necesariamente con el derecho a la seguridad económica. La Convención para la protección del Adulto Mayor aprobada por Ley 27.360 en su Art. 3 dice: “Son principios generales aplicables a la Convención: (…) g) La seguridad (…) económica (…)”. En su Art. 9 la Convención aclara el concepto de seguridad económica: “La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de (…) la posición socio-económica, (…) su contribución económica o cualquier otra condición” Además “se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre distintos tipo de abusos, incluso el financiero y patrimonial (…)” todo aquel que “(…) sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.

 Conclusiones

El programa bajo análisis es una buena noticia para el sector, y viene a cubrir una necesidad. Pero al hacerlo excluye a una gran cantidad de docentes, erróneamente, en función de la edad. Más aun, luego de efectuado un análisis de las restricciones de edad para el acceso a estos créditos -desde ópticas diferentes a aquella que hace exclusivo foco garantizar el cobro del mismo- advertimos que con ellas no sólo se menoscaban los derechos a la igualdad, a enseñar y a trabajar, y a hacerlo en igualdad de condiciones, sino que también se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y al derecho al proyecto de vida. Podría llegar a hablarse incluso de un supuesto de violencia económica/financiera en contra de la persona adulta mayor tolerada por el Estado, cuando las condiciones crediticias le impiden el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Por todo lo señalado exhorto desde este lugar a la revisión de la referida restricción.

Notas:

[1] https://www.bna.com.ar/Personas/ProgramaPCDocentes/ProgramaPCDocentesUniversitarios

[2] Paz, Aníbal. El Teletrabajo Del Docente Universitario En La Emergencia Sanitaria. Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social - Junio 2020 - Ed. ERREPAR


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