Aportantes a regímenes especiales deberán estar atentos a los cambios
Aníbal Paz, abogado especialista en seguridad social, señaló que deberá cuidarse que ni el texto definitivo de la ley ni la futura reglamentación atenten contra derechos adquiridos, ni que se desnaturalicen garantías constitucionales. Caso contrario -enfatizó-, se estará nuevamente ante un escenario litigioso
El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Senado de la Nación contempla cambios en diversos aspectos, tales como la eliminación de base imponible máxima, la reducción contribución patronal, el cambio de la fórmula de movilidad y la suba en la edad jubilatoria optativa tanto para hombres como para mujeres, entre otros aspectos.
Factor dialogó con Aníbal Paz, quien señaló: “Como toda reforma importante, una vez promulgada la ley, habrá que estarse a lo que se reglamente oportunamente”
A su vez, el profesional aclaró que no son sinónimos el Régimen Jubilatorio “Especial”, el “Diferencial” y el “Privilegiado”, toda vez que tienen diversas razones de ser (ver edición Factor del 2/11/17, pág. 7A).
El régimen especial, concretamente, ¿qué características tiene y a quienes comprende?
-Los regímenes especiales permiten mejores condiciones en el cómputo del haber inicial y menores requisitos de edad/servicio a quienes se desempeñan en tareas que el Estado ha considerado relevantes para la sociedad. Entre ellos podemos señalar a docentes de nivel primario, secundario, terciario, preuniversitarios, personal civil docente de Fuerzas Armadas (Dec. 137/05), universitarios (ley 26508), investigadores y científicos (Dec. 160/05), magistrados (ley 24018) y diplomáticos (22731). Estos regímenes son los que otorgan el famoso 82% móvil, que en algunos supuestos -como el de los investigadores- llega a 85% móvil. En algunos de éstos, existen índices de movilidad propios, diferentes de la movilidad general de la ley 26417, tal es el caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales (Ripdun), para jubilados por ley 26508, y el de Remuneración Imponible Promedio Docente (Ripdoc) para jubilados según Dec. 137/05. Todos estos regímenes están excluidos de la reparación histórica de la ley 27260.
Según el proyecto, ¿están en riesgo los regímenes especiales?
Según el texto literal de las normas analizadas, estarían al margen de las reformas, pero no así en cuanto a las declaraciones hechas públicas por funcionarios de las que se han hecho eco todos los medios de comunicación. En pocas palabras, se entiende que habría una voluntad política de acabar con las jubilaciones especiales docentes, aunque ello nos se ha traducido aun en normas especificas toda vez que -en sentido técnico- los regímenes que se mencionan para ser erradicados son los privilegiados. Por lo expresado, el sector docente debe estar alerta, por cuanto podrían perderse regímenes especiales cuya obtención llevo largos años de dura lucha y esfuerzo, y en tanto que el fundamento que les ha dado su origen es que se trata de actividades que en sí mismas son de gran relevancia para la sociedad en su conjunto.
Sobre estos regímenes especiales, en momentos en que se cuestiona ampliamente el accionar de la Justicia en general, tiende a verse el régimen especial de magistrados como privilegiado, lo que lleva a la confusión técnica y terminológica señalada, máxime cuando se analizan las exuberantes remuneraciones del sector y las exenciones impositivas de las que gozan.
Similares apreciaciones se vierten sobre el régimen de los diplomáticos, sobre todo cuando nos referimos a la planta que no es de carrera, sino a los políticos que han encontrado refugio en el servicio exterior.
Su origen y fundamentación ameritaría su continuidad, ya que su impacto es menor y la tarea muy relevante, aunque deba darse en otros ámbitos una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la Justicia como servicio y el rol y el accionar de los magistrados, funcionarios y diplomáticos, así como sobre sus beneficios impositivos y aduaneros.
Usted indica que el sector docente debe estar alerta frente a la reforma, ¿podría explayarse sobre este tema?
Sí, el proyecto que ya está en la Cámara de Senadores implica que -en principio- los empleados públicos están fuera de esta reforma, en cuanto a edad jubilatoria y edad para ser intimados a jubilarse.
Pero en realidad no se aclara si todo el sector público incluye a la administración pública centralizada, descentralizada, de empresas estatales y de universidades autónomas. Entiendo que la precisión vendría de la mano de la reglamentación, la cual deberá aclarar, por ejemplo, si las universidades nacionales quedan -o no- comprendidas, por cuanto son autónomas y no forman parte del Estado nacional, ni de la administración centralizada ni descentralizada de éste.
De quedar incluidos en la reforma, ello incidiría en la autonomía universitaria, en los estatutos universitarios y en otras cuestiones. Por otro lado, si se derogasen los regímenes especiales, los docentes del sector público quedarían al margen de esta reforma, en cuanto a edad jubilatoria y edad para ser intimados a jubilarse, no así los del sector privado.
De todas maneras, deberá esperarse también para ver qué sucede con los regímenes especiales docentes.
Se está planificando directamente eliminar jubilaciones de privilegio, pero se incluyen dentro de éstas a jubilaciones diferenciales y especiales. Asimismo, no se ha precisado aún qué sucederá con índices de movilidad para jubilados docentes (Ripdun – Ripdoc).
La fórmula nueva que contempla el proyecto de reforma está basada en la inflación. La vieja, el Ripdun y el Ripdoc están basados en salarios. En principio, la formula nueva es para jubilados generales y no para jubilados docentes, pero podría extenderse a docentes.
Otra cuestión a considerar es si ya se aplica la nueva fórmula a quienes se jubilaron por leyes docentes con anterioridad; ello podría traer aparejados reproches por vulnerar garantías constitucionales.
Si se avanzase contra los regímenes especiales docentes, éstos podrían sufrir alteraciones, al requerir:
a) mayor edad;
b) mayores aportes personales y/o contribuciones patronales (actualmente es de 13%);
c) más cantidad de años de servicios;
d) o al bajar o eliminar la tasa de sustitución ( 82% móvil)
Reparación histórica: ¿éxito rotundo o decepción?
La Reparación Histórica supone para algunos jubilados la solución a todos sus problemas jurídicos; para otros, una solución parcial y, por último, para la gran mayoría no resuelve nada, y ello depende de la fecha de adquisición del derecho, de la ley aplicada, y del monto del haber, entre otras variables.
Es decir, dependiendo del enfoque, la respuesta puede ir de éxito rotundo a decepcionante. La primera reflexión que me viene a la mente es que el sistema de reparación histórica en general no ha sido ni tan sencillo ni tan rápido ni tan reparador como se había anunciado en su momento.
Si bien hoy cientos de miles de jubilados han recibido la reparación, hay varios millones que no la recibirán nunca. Otros aún no han recibido oferta, y muchos -habiendo aceptado- aún no han cobrado ni el ajuste ni mucho menos su correspondiente retroactividad. Creo que el principal escollo fue que se lanzó el programa demasiado pronto, inmaduro, sin testear, lo que motivó innumerables correcciones, parches e improvisaciones.
Aún subsisten problemas informáticos, aún la Justicia tiene demoras, aún existe una brecha digital que no ha sido salvada, aún existen intríngulis jurídicos pendientes de solución.
De acuerdo con los números objetivos de la Cámara de la Seguridad Social, la litigiosidad parece no haber menguado sino todo lo contrario.
Esto sería así por cuanto los jubilados que nunca antes habían efectuado consultas profesionales se vieron necesitados de concurrir ante abogados para que les hicieran los cómputos y trámites, y ante mínimas oferta de reparación optasen por judicializar en procura de mayores ingresos.
Se supone que más temprano que tarde el objetivo de bajar la litigiosidad será cumplido, claro está, siempre y cuando la inminente reforma no nos coloque en la posición de una nueva oleada de juicios previsionales.
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La CSJN, a fines de 2018, en el fallo dictado en la causa “Blanco ” , ratificó la aplicación del ISBIC para la actualización de las remuneraciones que se consideran como base para el cómputo del haber inicial de las jubilaciones, solución que era esperada por los operadores judiciales y que fuera anticipada con antelación a los medios masivos de comunicación. La solución adoptada fue vista como un guiño en favor de los jubilados y se especuló en las semanas previas a su emisión con que el mismo podría ser severamente perjudicial para el gobierno de turno. Leído el fallo con detenimiento, rápidamente se advirtió que era necesario bajar las expectativas del sector pasivo, habida cuenta de que “en realidad el fallo no viene a cambiar nada, sino que más bien mantiene la dinámica preexistente.
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